HAY RAZONES PARA DESCONFIAR DE LA SET

 El empresariado exige a la Secretaría de Estado de Tributación que aclare su posición sobre el impuesto a la renta personal (IRP). Nada imposible de respon­der: cuánto es deducible en relación a las inversiones. La urgencia se basa en un he­cho inminente. Los estados contables deben despejarse antes de julio para presentar las declaraciones juradas. Pocas cosas incomodan más a los administradores del sector privado que, ante un vencimiento, no tener claras las cifras. Y el silencio de la SET no los ayuda en nada.

Los empresarios tienen razones para sospechar de las verdaderas intencio­nes de la administración tributaria. Hay precedentes inquietantes. Las industrias procesadoras de soja debie­ron plantear una inconstitu­cionalidad contra el decreto 1029 que les limitaba al 50% la devolución del IVA. Era un caso de flagrante modifica­ción de una ley por decreto. Pero aún existiendo el fallo de la Corte Suprema de Jus­ticia, Hacienda le da largas al asunto. Y luego están las cooperativas, a las que la CSJ concedió la inconstitucio­nalidad promovida por 76 entidades suspendiendo la vigencia del IVA que gravaba los actos cooperativos… Hasta hoy están exigiendo a Hacienda que les devuelva lo retenido en efectivo y no en créditos fiscales. Típico.

Un Estado existe para ordenar la casa, proveer seguridad, asegurar salud y educación a los sectores vulnerables, crear infraes­tructura y favorecer la iniciativa privada. A eso se destinan los impuestos. Pero si en su lugar, ese Estado es apenas una oficina de empleos, la razón de su existencia empieza a fallar por la base. Cada guaraní dejado en el Tesoro debe ser invertido con eficiencia y eficacia. Si no es así, es hora de revisar el contrato social que da origen al sistema.

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