Historia de las cooperativas Parte (II)

Opinión Gerardo Stockel Drelichman Abogados

En Francia se creó la prime­ra cooperativa de produc­ción; la primera de crédito nació en Alemania y, a fina­les del mismo siglo XIX, el cooperativismo se trasladó a Latinoamérica de la mano de los ingentes grupos de inmigrantes europeos que llegaron a Argentina, Uru­guay, Brasil y Chile. Otro grupo fue integrado por México, Costa Rica y Puerto Rico y un tercer grupo fue conformado por los países andinos Colombia, Vene­zuela, Perú, Ecuador y Bo­livia. En el Paraguay se da la particularidad de que el sistema de vida adoptado por los guaraníes ya denota­ban prácticas cooperativas, puesto que los indígenas estilaban aplicar el aman­dayé o asamblea de la tribu y practicar el oñondivepá o trabajo solidario, así como el yopói o ayuda mutua. Tam­bién se destaca el minga que fue aplicado por los guara­níes como sistema de traba­jo solidario en las Reduccio­nes Jesuíticas. Ya en el año 1940 surgen en nuestro país las primeras cooperativas, si bien es cierto con andamiaje bien rudimentario, bajo la modalidad de producción y las mismas, a falta de legis­lación especial, se rigieron por el Código de Comercio. El antecedente más antiguo conocido se remonta a una cooperativa guaireña de vi­ticultores y fabricantes de vino que fue fundada en el año 1941. Ese mismo año se sanciona el Decreto-Ley Nº 13.635 que posteriormente pasaría a ser ley. En los si­guientes cincuenta años, la cantidad de cooperativas fue creciendo paulatinamente.

En el año 1972 se promulga la Ley Nº 438 “De coope­rativas” con su Decreto Nº 27.384/72 y se crea la Di­rección Nacional de Coope­rativismo como autoridad de control de las sociedades cooperativas, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Según reportes del Incoop, para el año 1983 existían en el Paraguay 162 cooperativas con más de 50 mil socios. Para el año 2011 ya operaban en el país 937 cooperativas con más de 1.220.150 socios, descollán­dose las de ahorro y crédito y producción. Actualmente, si bien se hallan registradas en el Incoop 1.784 coopera­tivas, se hallan habilitadas para operar 1.024 entidades solidarias con una cantidad de 1.632.021 socios, siendo esta cifra meramente parcial atendiendo a que muchas cooperativas no cumplen con su obligación de repor­tar a la autoridad de aplica­ción las altas y bajas anuales de socios. Debido al auge del movimiento cooperativo que se dio principalmente a partir de los años 90, se promulgó la Ley Nº 438/94 “De cooperativas” con su Decreto Reglamentario Nº 14.052/94, en virtud del cual se modificó la denomina­ción del ente regulador por la del Instituto Nacional de Cooperativismo. Con la en­trada en vigencia de la Ley Nº 5.501/15 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 438/94 de cooperativas”, se extendió el tributo del Im­puesto al Valor Agregado (IVA) a ciertas actividades de las entidades cooperati­vas y se modificó su sistema eleccionario. Sin embargo, en un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la afecta­ción del Impuesto al Valor Agregado a las actividades por una ética parlamentaria, debería realizar los trámites para derogar la Ley Nº 5501/15 precitada, por atentar su normativa contra la Constitución Nacional.

Con la promulgación de la Ley Nº 2157/03 “Que Regula el Funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo y Establece su Carta Orgánica”, la Autoridad de Aplicación de la legislación cooperativa pasó a constituirse en un órgano estatal autónomo y autárquico, siendo su Presidente designado por el Poder Ejecutivo de la Nación de una terna previa electa por la Asamblea Nacional de Cooperativas.

Nuestra Constitución Nacional en su art. 113 consagra que “el estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad, a las cuales garantizará su libre organización y su autonomía”, de cuya normativa se desprende la alta valoración y el gran apoyo que ha otorgado la Carta Magna a la actividad cooperativa en nuestro país.

Las estadísticas ubican al Paraguay como uno de los países con más porcentajes per cápita de personas cooperativistas del mundo, ya que, actualmente, más del veinte por ciento de la población total se encuentra asociada a una entidad cooperativa.

Se destaca que, en el segmento poblacional impedido de acceder a los servicios de bancos y financieras, las cooperativas han jugado un papel protagónico trascendental, al posibilitar a esta franja su incorporación como asociado de alguna de sus entidades y el acceso a los servicios ofrecidos según su naturaleza, de cuya consecuencia, numerosas personas y familias –principalmente de escasos recursos-, han pasado a mejorar su calidad de vida.

El movimiento cooperativo se ha arraigado fuertemente en la sociedad y economía de nuestro país, al punto que actualmente se ha incorporado a la malla curricular de la enseñanza media, la materia de Cooperativismo y en las facultades de ciencias sociales y económicas de la Universidad Nacional de Asunción, ya se cuenta con una materia específica de Derecho Cooperativo.

Nuestro ordenamiento legal (Ley 438/94) consagra como clases de cooperativas las de ahorro y crédito, de producción, de consumo, de servicios públicos, de trabajo y de servicios en general, con la particularidad de que posibilita inclusive la creación de bancos cooperativos y de cooperativas de seguros.

Es dable destacar que las cooperativas que más crecimiento cuantitativo y cualitativo han logrado en nuestro medio son las de ahorro y crédito, entre las que descuellan Universitaria, Coomecipar, San Cristóbal, Nazareth, Medalla Milagrosa, entre otros. También las cooperativas de producción se han destacado por la aplicación de tecnologías de puntas para el proceso de industrialización y la producción a gran escala, llegando algunas de ellas inclusive a exportar sus productos al extranjero, citándose en este rubro a Chortizer, La Holanda, Colonias Unidas, Neuland.

Por ende, siendo tan significativo el impacto de las sociedades cooperativas dentro del sistema económico nacional y muy relevante su protagonismo en el esquema del desarrollo y del Producto Interno Bruto (PIB) del país, se impone que las autoridades de la República arbitren los medios idóneos para potenciar el fomento de las sociedades cooperativas, dotándolas de todas las garantías jurídicas necesarias para su desenvolvimiento societario y otorgándoles las máximas exenciones tributarias que permitan a estas entidades solidarias cumplir con su noble función social y económica.

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