ONGs: Vehículos de responsabilidad social empresarial

Federico Silva

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Las empresas existen para ser rentables. Sin embargo, desde la modernidad se admite que la regla se confirma con su excepción: no siempre el lucro lo es todo para la empresa.  Existen ventajas y conveniencias cuando las compañías se ponen a hacer el Bien, especialmente si lo hacen bien. Esto está en la base del concepto de la “Responsabilidad Social Empresarial”. En su marco, las empresas deben adoptar una postura responsable en torno al impacto de sus operaciones, usando proactivamente su cultura empresarial, conforme a principios éticos y apegadas a la ley. Es que las empresas (no los empresarios) tienen un papel ante la comunidad, el entorno en donde operan y deben contribuir al logro de una sociedad y un medio ambiente progresivamente mejor. Esta visión establece una cultura de negocios que garantiza crecimiento económico y mayor sostenibilidad a largo plazo. Ahora, más allá del apego a las mejores intenciones, no siempre en las empresas existe un expertise respecto a cómo articular en la práctica estas políticas, aparentemente distintas a su hábito. Constituir una Organización No Gubernamental (“ONG”) que le ayude a ello puede resultar útil. Por eso conviene saber qué son las ONGs y cómo pueden ayudar a una empresa a cumplir con sus deberes de responsabilidad social empresarial.

LAS ONGS

Cuando escuchamos el término ONG por lo general inmediatamente pensamos en grupos activistas persiguiendo causas sociales o medioambientales. Esto no es así. En sentido amplio, se le da el status de ONG a toda agrupación organizada de personas, físicas o jurídicas, que no persigue fines de lucro. Así, las ONGs se crean para diversos fines, por lo general apuntando a promover los objetivos políticos o sociales de sus miembros o fundadores. Entre éstos los más comunes suelen ser la mejora de la educación, ya sea operando escuelas y colegios o auspiciando a éstos, del bienestar de los más desfavorecidos o del medio ambiente, el desarrollo de actividades deportivas o recreacionales, como el caso de los clubes, la concienciación de la observancia de los derechos humanos, el desarrollo de la producción, o la ejecución de una agenda corporativa. Su espectro es sumamente amplio. Bajo nuestro Código Civil una ONG puede constituirse ya sea como: (i) asociación reconocida de utilidad pública; (ii) asociación inscripta con capacidad restringida; o (iii) como fundación. Veamos las particularidades de cada una.

  • ASOCIACIONES RECONOCIDAS DE UTILIDAD PÚBLICA

Estas pueden constituirse por dos o más personas, ya sean físicas o jurídicas, no deben tener un fin lucrativo y su objeto debe ser el bien común. La voluntad de los instituyentes debe formalizarse en estatutos transcriptos en escritura pública, que a su vez deben inscribirse. Comienzan a existir desde que su funcionamiento se aprueba por ley o por decreto del Poder Ejecutivo. Se rigen por cuanto dispone el Código Civil y sus estatutos, que deben contener: la denominación del ente; la indicación de sus fines, de su patrimonio y domicilio, así como las normas sobre funcionamiento y administración; los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones de su admisión; y las normas sobre su extinción y destino de sus bienes al extinguirse.

Pueden: percibir cuotas y contribuciones de sus asociados; adquirir bienes para cumplir sus fines; tomar préstamos; percibir subvenciones estatales; y estar en juicio.

También pueden aceptar liberalidades testamentarias.

La asamblea es la autoridad máxima de la asociación. Su dirección está a cargo de uno o más miembros designados por asamblea, que deciden por mayoría de votos, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.

En general, una asociación de este tipo se extingue: vencido su plazo o por otras causas previstas en sus estatutos; por resolución de la asamblea; por imposibilidad de cumplir sus fines; por quiebra; o por disolución decretada por el Poder Ejecutivo ante motivos de utilidad o conveniencia pública, o por haberse violado normas legales o estatutarias. También se extingue por la falta de todos los asociados, decretada por el Poder Ejecutivo. Una vez disuelta a sus bienes se les da el destino indicado en sus estatutos, y si nada dicen se consideran vacantes, salvo perjuicio a terceros o a los asociados.

  • ASOCIACIONES INSCRIPTAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA

Las mismas pueden constituirse entre dos o más personas físicas o jurídicas con solo formalizar los estatutos en escritura pública y registrarlos. Los estatutos deben contener los mismos requisitos que los de las asociaciones de utilidad pública, pero no necesitan ser aprobados ni por ley ni por decreto, comenzando a existir desde el registro. Por tanto su constitución es mucho más sencilla.

Una vez constituidas tienen las mismas facultades que las asociaciones de utilidad pública, salvo la posibilidad de recibir liberalidades testamentarias, a no ser que se les reconozca como asociación de utilidad pública. Por tanto lo mejor siempre es constituir una asociación con capacidad restringida y pedir su conversión a asociación de utilidad pública si es necesario.

En lo pertinente a su funcionamiento, administración, responsabilidad y extinción, se rigen por las mismas reglas de las asociaciones de utilidad pública. La cancelación de su personalidad debe ordenarse por la misma autoridad que ordenó su inscripción, a instancia de parte o del Ministerio Público.

  • FUNDACIONES

Se constituyen por la voluntad de una o más personas que destinan a perpetuidad determinados bienes para crear una entidad con fines de bien común. La manifestación de voluntad debe constar en escritura pública, y su existencia comienza una vez que los estatutos se registren y su funcionamiento se apruebe por ley o por decreto del Poder Ejecutivo. Pueden ser impugnadas por los acreedores de los fundadores.

Aprobada una fundación, debe transferírsele la propiedad y posesión de los bienes que se le asignaron. Los estatutos deben establecer los órganos de dirección y administración, tanto como las normas para su funcionamiento. Estos fines se encomiendan a un Consejo de Administración. Si en la constitución faltan estas disposiciones, el Poder Ejecutivo debe dictarlas, teniendo en cuenta el fin instituido y las intenciones del fundador. Los estatutos también deben establecer qué bienes pueden ser vendidos por las autoridades. De lo contrario se necesita autorización del Poder Ejecutivo al efecto.

Si los fines de una fundación se vuelven imposibles, o su cumplimiento afecta el interés público, o su patrimonio resulta insuficiente, el Poder Ejecutivo puede dar a la misma otra finalidad, o decretar su extinción. En este último supuesto, en lo posible debe atenderse la intención del fundador. El Poder Ejecutivo también puede alterar la organización de una fundación, siempre que lo exijan la transformación de su finalidad o el mejor cumplimiento de la misma.

En caso de extinción, a sus bienes se les da el destino indicado en sus estatutos y si no está previsto se consideran vacantes, salvo perjuicio a terceros o al fundador, tal como en las asociaciones

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