Padres delincuentes, autoridades cómplices

“Nosotros tenemos derechos de estudiar “libremente””. Esta frase estaba contenida en un cartelito exhibido por alumnos de una escuela de Fuerte Olimpo. La caligrafía delataba una escritura de adulto, de manera que la presunta autoría de los niños de entre seis y diez años que aparecían en la foto estaba más que des­mentida.

La redacción, atribuible a los padres o, peor aún, a los maes­tros, expone con crude­za la necesidad de que en esa comunidad no se pierda una sola hora de clase si es que esperan mejorar sus oportuni­dades en la vida. Y eso es, precisamente, lo que están haciendo: perder días de clase.

La causa es irrelevante pero sus consecuencias son ne­fastas. Parece que a un grupo equis no le gusta la directora nombrada por el Ministerio de Educación, un clásico paraguayo. Entonces ocuparon la escuela y allí no hay clases desde hace dos semanas hasta que se cambie el nom­bramiento. Impedir el funcionamiento de una dependencia del Estado es un delito que bordea la sedición y demasia­do grave tratándose de una escuela. ¿Qué han hecho las autori­dades? ¿Desalojar a los ocupantes, meterlos presos y procesarlos por robarles educación a un montón de niños? No, se han cruzado de brazos.

A nadie con­mueve que se hayan perdido hasta ahora 40 horas académicas de un calendario que tiene apenas 700 anuales. Un padre que no manda a su hijo a la escuela y que además impide que otros lo hagan es un delincuente. Debe ser procesado, al igual que los responsables de la escuela en donde se perpetra este atentado y, por extensión, toda la cadena de mando del MEC. Se puede debatir e impugnar cualquier cosa, pero con los niños sentados en sus bancos y dando clase. Los que no entienden esto deben hacerse a un lado. O ir a la cárcel.

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