La contratación de seguros con empresas no autorizadas

Por Guillermo Fronciani
Abogado

 

El artículo 5° de la Ley 827/96 “De Seguros” establece que: “ …La Autoridad de Control incluirá en el régimen de esta Ley y estarán sometidos a ella quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo justifiquen…” , en tanto toda su Sección II y III hacen referencia a los requisitos para constituirse en una “empresa autorizada” entre los que citamos; a) Que esté constituido legalmente, es decir de acuerdo a las leyes generales y las disposiciones específicas de esta Ley; b) Que tenga por objetivo exclusivo efectuar operaciones de seguro; c) Que aporte el capital mínimo, c) Que sus organizadores y autoridades no tengan inhabilidades legales y d) Que se ajusten sus planes o elementos técnicos contractuales a lo establecido en la Ley.

Dicha disposición prohíbe entonces la contratación de seguros “off shore”, es decir con compañías domiciliadas fuera del país, sobre riesgos paraguayos. Es decir que los intereses nacionales podrán ser asegurados indistintamente con aseguradoras paraguayas o con filiales de sociedades extranjeras que operen en seguros en el país y estén debidamente registrados como empresas autorizadas por la Ley 827/96, no así constituidas en el exterior. Esto lógicamente no impide que aseguradoras debidamente radicadas y registradas en el país aseguren intereses extranjeros es decir inversiones extranjeras instaladas en nuestro país. Por Ley N° 888/81 nuestro país  aprueba y ratifica la “Convención Interamericana  sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles de 1979”, y que en su Artículo 4° los países se comprometen que: “…Para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, éstas quedarán sujetas a la ley del Estado donde los realizaren…”

En el seguro marítimo, tanto del buque en si como de los intereses vinculados al buque, dependerá de la nacionalidad del mismo que en este caso será de acuerdo a la bandera que enarbolan con la cual quedan sujeto a la soberanía de aquel Estado conforme al  artículo 5 de la Ley 269/93 que expresa: “…Las pólizas deberán ser tomadas por los Armadores que operen en la Hidrovía según la legislación del país de registro de la embarcación de la Hidrovía u otras…” Por tanto si es considerado “nacional” desde su inscripción como tal,  estará comprendido dentro  de las obligaciones establecidas en la Ley 827/96. Esto se extiende a los seguros de transporte multimodal sobre bienes que entren o salgan del país,  los seguros deben realizarse donde este la sede o el domicilio del responsable del riesgo y si este tiene su sede en el país debe contratarse con aseguradoras locales debidamente registradas y autorizadas a operar en el país.

En el caso de los seguros de vida, dependerá de la radicación del interés asegurable (la persona), si este radica en el país la ley aplicable es la Ley 827/96 y debe asegurarse con aseguradoras locales debidamente registradas en la Superintendencia de Seguros, en tanto si radica en el exterior podrá optar siempre y cuando las leyes de aquel país de residencia así lo permitan. La Ley 827/96 establece,  “dentro de las atribuciones del órgano de control, la intervención de oficio,  y comprobada la infracción, la aplicación de sanciones sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales”  por el incumplimiento de sus disposiciones señalando en su artículo 123, especialmente: “… b) A los que actúen como intermediarios en la contratación de seguros con empresas no autorizadas y e) En general, a las personas naturales o jurídicas, que dentro de las disposiciones de la Ley y sus reglamentaciones, no estén debidamente autorizadas por la Autoridad de Control a realizar tareas dentro del ámbito asegurador del país…”

Así, contratar un seguro del exterior puede resultar atractivo  en materia de costos o de coberturas, sin embargo la legislación paraguaya la prohíbe expresamente, independientemente de los  riesgos que implica litigar en Tribunales del exterior en caso de incumplimiento del asegurador y donde se deberá afrontar el pago de mayores costos, costas y abogados locales.

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