Casas de crédito y compliance, nuevas reglas de juego

Por Federico Silva
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En Paraguay la necesidad de créditos accesibles es imperiosa. Sobre todo para los sectores más necesitados de la población. Así, la notable reducción del financiamiento mediante tarjetas de crédito al que dicho segmento tenía acceso ante la limitación legal de las tasas de interés de fines de 2015, junto con el encarecimiento de los créditos del sector formal en general, generaron un enorme crecimiento de las llamadas “casas de crédito” y de prestamistas, que al no captar recursos del público y operar con capital propio no están regulados por el Banco Central del Paraguay (“BCP”) en lo que hace a su funcionamiento, más allá de los límites de tasas usurarias establecidas por el BCP, que disparan el tipo penal de “usura”.

De esta forma, de las 13 casas de crédito existentes en el año 2011, hoy se estima que en Paraguay operan más de 200, calculándose que las mismas mueven más de US$ 500 millones por año. Estos números no incluyen a los prestamistas, personas físicas que prestan dinero con capital propio, no existiendo datos concretos respecto a los mismos, pero estimándose que su participación es significativa. Ahora, para que la combinación del gran crecimiento de las casas de crédito y los prestamistas con el considerable volumen anual de dinero que mueven, más la falta de regulación del BCP, los convierta en vehículos para el lavado de dinero, en diciembre de 2017 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (“SEPRELAD”) dictó la Resolución 614/17, constituyendo a las casas de crédito y los prestamistas en “sujetos obligados” de la Ley 1.015/97 “Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes”, e imponiéndoles una serie de cargas que están obligados a cumplir. Por tanto, si su negocio es el crédito, conviene tenerlas en cuenta para evitarse sanciones. 1. Los Sujetos Obligados La Ley 1.015/97, modificada por Ley 3.783/09, regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir el uso del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para que se realicen actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En este marco, conforme al artículo 13 de la Ley 1.015/97, son sujetos obligados por las cargas administrativas de dicha ley: los bancos, financieras, compañías de seguro, casas de cambio, agencias y bolsas de valores, sociedades de inversión y mandato, administradoras de fondos de inversión y jubilación, cooperativas, explotadoras de juegos de azar, inmobiliarias, organizaciones sin fines de lucro, casas de empeño, entidades gubernamentales, actividades y profesiones no financieras, como contadores, abogados, vendedores de autos y otros, comerciantes de joyas, piedras, metales preciosos, arte, antigüedades, estampillas o monedas, y los remesadores de dineros o valores. Ahora, en base a sus facultades reglamentarias, la SEPRELAD puede extender las cargas administrativas de dicha ley a otras actividades. 2. Las Cargas Administrativas de la Ley 1.015/97 En el sesgo indicado, la Resolución 614/17 convirtió en sujetos obligados de la Ley 1.015/97 a las empresas y personas que se dedican a dar créditos con capital propio, o a administrar carteras de crédito, conocidas como “casas de crédito” y prestamistas. Como tales, están obligadas a registrarse en la SEPRELAD. Hasta el momento hay 133 casas de crédito y prestamistas registrados en la SEPRELAD, de los más de 200 existentes.

De esta forma, las casas de crédito y prestamistas deben cumplir con las cargas administrativas establecidas en el Capítulo III de la Ley 1.015/97, que aplican a: todas las operaciones que superen US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas, salvo las excepciones contempladas en la ley; y aquellas operaciones inferiores que se infiera se fraccionaron para eludir las obligaciones de identificación, registro y reporte.

En este marco, las casas de crédito y prestamistas deben registrar y verificar fehacientemente la identidad de sus clientes, habituales o no, al entablar relaciones de negocio, tanto como de todas las personas con las cuales operen. La identificación mínimamente debe consistir en la acreditación de la identidad del cliente, la representación invocada, el domicilio, y la ocupación o el objeto social, según se trate de personas o empresas. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, debe recabarse información precisa para conocer a los beneficiarios finales. A su vez, todas las operaciones deben ser identificadas y registradas.

Igualmente, las casas de crédito y prestamistas deben: conservar durante al menos 5 años los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente sus operaciones, contado desde que la transacción terminó o se cerró la cuenta; y comunicar a la SEPRELAD todos los hechos u operaciones sospechosas, sin importar su valor.  A su vez, deben: establecer procedimientos adecuados para controlar internamente la información que manejan; y notificar e imponer a sus directores, gerentes y empleados el deber de cumplir los reglamentos y procedimientos antilavado. Asimismo, deben proveer a la SEPRELAD toda la información relacionada con la Ley 1.015/97 que se les requiera. Además, deben presentar anualmente a la SEPRELAD una declaración jurada del origen y aplicación de todos los fondos con que operan, acompañada de toda la documentación respaldatoria.

Por último, la Resolución 614/17 tiene implícita la obligación de que las casas de crédito y los prestamistas implementen un Manual de Prevención de Lavado de Dinero para instrumentar la forma de cumplir sus obligaciones. Estas no incluyen el deber de contar con un Oficial de Cumplimiento, que es el funcionario de nivel gerencial encargado de que se pongan en práctica los programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de operaciones sospechosas. 3. Sanciones De incumplir las cargas administrativas que la Ley 1.015/97 y la Resolución 614/17 le imponen, las casas de crédito y prestamistas pueden ser sancionadas con: a) apercibimiento; b) amonestación pública; c) multa de entre el 50% y el 100% del monto de la operación involucrada; o d) suspensión de actividades de entre 30 a 180 días. A su vez, de ser encontrados responsables de lavado de dinero los directores de casas de crédito y los prestamistas pueden ser castigados hasta con 10 años de cárcel bajo el artículo 196 del Código Penal.

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