Régimen legal del Reaseguro en el Paraguay

Por Guillermo Fronciani
Abogado

 

La Ley 827/96 “De Seguros” define al Reasegurador como: “Toda empresa o sociedad debidamente autorizada para dedicarse exclusivamente a la contratación de reaseguros y sus actividades consecuentes”.

Debemos distinguir la constitución de una empresa reaseguradora en el país, de las operaciones de reaseguros realizadas en el país,  sin estar constituidas como tal. El Capítulo IV de la Ley 827/96 se refiere a la constitución de las empresas reaseguradores que en su Art. 91 expresa: “…Las empresas que tengan por objeto dedicarse al reaseguro podrán constituirse en el país conforme a la reglamentación que para el efecto establecerá la Autoridad de Control. Las empresas solo podrán reasegurar riesgos del ramo en el cual están autorizadas  a operar…”

La Ley 827/96 define los requisitos “marcos” para su constitución, y en su artículo 92 establece que  las empresas reaseguradoras nacionales deberán integrar y mantener un patrimonio no inferior equivalente a U$S 2.500.000 para cada uno de los grupos que operen. A partir de allí se han sucedido una serie de reglamentaciones sobre su constitución, no obstante la más reciente es la Resolución SS. SG. N°. 217/18 que reglamenta el procedimiento para la apertura de nuevas entidades aseguradoras y reaseguradoras. Entre los requisitos más importantes tenemos, i) la presencia de la figura de un “organizador” que es una persona física de reconocida idoneidad técnica y  moral que deberá informarse de todas las normas legales y reglamentarias exigibles, ciñéndose su conducta a lo establecido en la ley y sus reglamentaciones y suscriptor del capital social de la empresa, con una participación no menor al 5%; ii) presentar las documentaciones requeridas y una vez autorizado, publicar en 2(dos) diarios de gran circulación por 7(siete) días para recepcionar objeción o reclamos de terceros al pedido de apertura y finalmente la Superintendencia tiene 90 días para expedirse sobre la aprobación de la solicitud. Concluidas las verificaciones y evaluaciones el Superintendente emitirá la  Resolución que autoriza o deniega la operación a la entidad. Dictada la Resolución de Autorización para operar, la entidad deberá iniciar sus operaciones dentro del plazo máximo de 360 días, contado a partir de la fecha de la Resolución.

Un agregado llamativo en esta nueva resolución es que no serán autorizadas a operar las sucursales de empresas extranjeras radicadas en países designados no cooperativos en el marco de la lucha mundial contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según los criterios definidos y divulgados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), GAFILAT u otros organismos o instancias reconocidas por el gobierno nacional. Tampoco será autorizada la solicitud de apertura en los casos en que un accionista de la compañía figure en alguna lista de países o personas designadas, como la publicada por la OFAC, ONU u otros organismos internacionales. Requisitos importantes de transparencia como tendencia mundial.

Ahora bien, para operar en reaseguro, sin estar constituido como tal, y en función a que todo el ejercicio de la actividad reaseguradora en Paraguay está regido por la Ley 827/96, que en su artículo 95 establece que “…Todos los contratos de reaseguros que celebren las empresas de seguros se registraran ante la Autoridad de Control… ”, por lo que toda reaseguradora para operar desde el exterior deberá registrarse como tal en la Superintendencia de Seguros, de conformidad a la Resolución SS.SG. N° 213/17 cuya inscripción tendrá una vigencia  de 2 (dos) años y contar como mínimo con una de las siguientes calificaciones internacionales: “BBB” de la Standard & Poor’s; o, “B+” de la AM Best; o, “Baa” de la Moody’s Investors Service; o, BBB de la Fitch Ratings. Asimismo,  la Superintendencia de Seguros, por resolución fundada, podrá cancelar la inscripción del Registro a aquellas empresas reaseguradoras del exterior, cuando a su criterio no se cumplan con los requisitos mínimos exigidos en dicha Resolución.

Es evidente que el espíritu de la norma en cuanto a la intervención estatal en las operaciones de reaseguro es de un criterio netamente “proteccionista” dirigido al consumidor final: el asegura do; de ahí la justificación de las exigencias de la Autoridad de Control dada la importancia económica que supone el reaseguro a quien se le transfiere la mayoría de los riesgos suscriptos por el asegurador.

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