El insoportable peso estatal

Una vez más se metió mano al presupuesto para direccionar injustificados e ilegales aumentos.

En primera persona
Por Samuel Acosta
@acostasamu
PERIODISTA

Quien pisa la institución pública -salvo muy escasas y honrosas excepciones-termina por contaminarse y ser parte un sistema perverso que busca beneficio propio. No hay Gobierno sea de derecha o izquierda que no haya dado pruebas de ese cáncer llamado corrupción.

El último escándalo tiene que ver con los silenciosos e irregulares ajustes salariales con el que fueron beneficiados más de dos mil empleados estatales; con vergonzantes aumentos que van desde 22% y hasta 130%, respecto a lo que estaban percibi­endo hasta diciembre del año pasado.

Algunos parlamentarios admitieron que el incremento fue en concepto de recatego­rización, pero nadie pudo responder si los beneficiarios pasaron por un mecanismo de análisis de resultados para merecer este beneficio. Además, los ajustes violan el límite de 20% de incremento que fija como tope vigente ley de la Función Pública.

Un análisis que realizó la Cámara Nacional de Comercio señala que por año solventar estos irregulares incrementos le supon­drán al Presupuesto General de la Nación unos US$ 20 millones; para tener una idea de lo que significa este monto, vale citar que por ejemplo, la construcción del súperviaducto que une las ciudades de Asunción y Luque tuvo el mismo costo.

Es decir, el Estado nuevamente deberá soportar el pago de más salarios –sin justifi­cación- a sus funcionarios relegando menos espacio para la inversión en infraestruc­tura en un país con enormes necesidades. Actualmente, de cada G. 100 que recauda el Fisco unos G. 68 va destinado a pagar los salarios, esto ubica al Paraguay, según un estudio del Banco Interamericano de Desar­rollo como el país que más recursos destina para este fin del total de sus ingresos.

El desarrollo de esta Nación pasará por destinar más recursos en mejorar la infraestructura vial, educacional y sanitaria, no en la rancia práctica de pagar lealtades políticas con recursos del erario público.

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