Paraguay es un paraíso fiscal para terroristas

Por Emmanuele Ottolenghi. Para Foreign Policy.
Traducción: 5días.

 

El Departamento de Estado de EE.UU. calificó el año pasado al grupo Hezbollah, un grupo militante y partido político libanés, como una organización criminal transnacional debido a su larga y bien documentada alianza con los carteles latinoamericanos de la droga.

Un punto central de las operaciones de Hezbollah en el Hemisferio Occidental es el área de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, un santuario para todo tipo de crimen organizado. Varios casos de financiación terrorista, lavado de dinero y tráfico de drogas en juzgados de EE.U.U. tienen que ver con operaciones de Hezbollah en esa zona.

Argentina y Brasil han mostrado una creciente predisposición para tomar acciones contra Hezbollah, pero Paraguay, el país donde la organización debería ser atacada con más fuerza, es el más reacio a reconocer el desafío.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en el poder desde el pasado Agosto, está bajo presión para cambiar esta situación. A pesar de un arranque esperanzador, su administración continúa plagada de los mismos problemas que sus antecesores no pudieron superar y un golpe de realidad se acerca. Este año, el Grupo de Acción Financiera, una organización intergubernamental, evaluará a Paraguay para determinar la efectividad de sus leyes antilavado y de sus sistemas financieros antiterroristas, para los cuales el Grupo de Acción (Gafilat) establece estándares internacionales.

Aquellos países que no están a la altura, como Irán o Corea del Norte, tienen que lidiar con complicadas restricciones que inhiben el comercio y la inversión.

Paraguay está evaluando un paquete legislativo para mejorar su régimen antilavado y antifinanciamiento terrorista. Sin embargo, su mayor desafío continúa siendo su implementación. Asunción sabe desde hace mucho que necesita mejorar su desempeño. Ahora es el momento de hacerlo- o enfrentar las consecuencias.

La administración Trump, a diferencia de sus antecesores, la ha dado la atención necesaria a Paraguay. El primer viaje a Latinoamérica de un oficial de rango importante estadounidense luego de la elección de Trump, fue a Paraguay. Mientras que muchas embajadas en Latinoamérica continúan sin embajadores, Washington designó rápidamente a un experimentado diplomático de carrera para ser el enviado de EE.UU.  a Asunción.

Funcionarios del Departamento del Tesoro también visitaron Paraguay el mes pasado para entregar un mensaje claro: aquellos que financian al terrorismo y lavan dinero para el crimen organizado, pagarán un alto precio. Paraguay necesita hacer su parte.

A pesar del deseo expresado por trabajar con los Estados Unidos, los líderes de Paraguay, desde entonces, han buscando minimizar la amenaza de la presencia de Hezbollah en su país. El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, expresó sus dudas y pidió evidencias públicamente.

El Secretario de Inteligencia se expresó en el mismo sentido, sugiriendo que el principal problema es la evasión impositiva, no el lavado de dinero. El Ministro del Interior minimizó el asunto. Incluso el presidente de la Corte Suprema opinó diciendo que no tenía evidencias de que Hezbollah estuviera financiando al terrorismo.

Luego, como para complicar aún más el problema, Abdo Benítez buscó promocionar a su país como un paraíso fiscal, jactándose de sus bajas tasas impositivas, en el Foro Económico Mundial de Davos 2019.

“Es casi un paraíso fiscal”, dijo.

Tiene razón. Paraguay encaja en la definición de paraíso fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE): “un país donde se imponen impuestos muy bajos o inexistentes, y es utilizado por corporaciones para evadir tributación, que de otra forma, debería rendirse en un país con altos impuestos”.

Los paraísos fiscales “tienen impuestos nominales o inexistentes ; carecen de efectivo intercambio de información; y les falta transparencia en las provisiones legislativas, legales y administrativas”.

No es sorpresa que los paraísos fiscales están atrayendo de forma creciente al crimen organizado, evasores de sanciones, y oligarcas corruptos que saquean los recursos de sus países; así como empresas e individuos adinerados que buscan evadir impuestos. Parte de la razón por la que la red financiera ilícita de Hezbollah opera en la Triple Frontera es que Paraguay carece de transparencia.

Información acerca de propiedad corporativa es virtualmente inaccesible, mientras que la práctica de disfrutar de los beneficios sin aparecer en los registros de la compañía está muy extendida. La corrupción es feroz, incluso para los estándares latinoamericanos; la clase política del país está agobiada por conflictos de interés; y el sistema judicial continúa proclive a la corrupción y el nepotismo.

De acuerdo al recientemente publicado informe de Percepción Internacional de Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, Paraguay solo aparece mejor posicionado que Venezuela (e igualado con Bolivia), entre las naciones sudamericanas.

Está ubicado en el puesto 132 de 180 países evaluados. Y hay buenas razones para eso.

Para los que no conocen cómo funciona el sistema, las élites que manejan el país tienen sus intereses económicos en conflicto directo con sus responsabilidades políticas, por la simple razón de que no son obligados a deshacerse de activos o colocarlos en un fideicomiso al ingresar al servicio público.

María Epifanía González, cabeza de la unidad de inteligencia financiera luego de una distinguida carrera en el Banco Central del Paraguay, está casada con un miembro del directorio de uno de los bancos más  grandes del país. Éste no es un caso aislado.

El Ministro de la Corte Suprema, Antonio Fretes, tiene una importante participación accionaria en otro banco, aunque formalmente está a nombre de su hijo. Y la lista continúa.

Cuando a las autoridades paraguayas se les pregunta acerca de estas preocupaciones, parecen desconcertados. Dicen no entender cuál es el problema. Sin embargo, en un país donde el lavado de dinero, la falsificación, el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos constituyen una parte importante de su economía, aquellos en cargo de combatir el crimen financiero deberían ser irreprochables.

Eso es de particular preocupación dados los tres casos en juzgados de EE.UU. por supuesta falsificación, lavado de dinero y tráfico de drogas- con posibles nexos entre Hezbollah y los carteles sudamericanos.

Estos casos apuntan a bancos locales y casas de cambio como canales por donde circulan los flujos financieros ilícitos.

Aún cuando los bancos no sean cómplices conscientes, la facilidad con la que el crimen organizado y los financistas del terrorismo sacan ventaja del sistema financiero paraguayo, revela deficiencias estructurales en los campos de auditoría, conocimiento de las prácticas de sus clientes y medidas contra el lavado de dinero.

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