Impuesto inmobiliario y catastro rural

La actualización del catastro rural es una deuda antigua que arrastra la clase política y que alguna vez deberá saldar

Cada vez que el Congreso fija su mirada sobre el tema impositivo uno debe ponerse a temblar. Hay algo absolutamente cierto: es posible saber la naturaleza de lo que en la jerga legislativa se denomina “documento de iniciativa” o simple­mente, proyecto de ley. Pero frecuentemente es imposible prever lo que saldrá convertido en ley.

Ahora, un legislador ha sacado a relucir la intención de revisar la legislación referente al impuesto inmobiliario basada en un argumento que luce razonable: dar mayor equidad al tributo que hoy, dice, grava por igual a propietarios de miles de hectáreas que al dueño de un lote de 10 por 20. La justicia tributaria es uno de los más grandes anhelos en cualquier sociedad deci­dida a darle razonabilidad y equilibrio al carácter del ente recaudador y distribuidor de recursos, es decir, el Estado.

En el caso del impuesto inmobiliario, una prime­ra mirada nos obliga a considerar la tierra como medio de producción y como reserva de valor.

Es decir, no es lo mismo utilizar la tierra para un desarrollo agropecuario, una industria o la cons­trucción de viviendas, centros comerciales, etc. que dejarla sin uso esperando que el tiempo y el entorno le transfieran plusvalía.

En otras palabras, especulación. Si la revisión de los valores del impuesto inmobiliario conserva esta visión, nadie en su sano juicio puede estar en contra.

El problema se presenta cuando la política de baja calidad mete la cuchara y la ley resultante termina siendo un instrumento bastardo producto de luchas ideológicas y de pases de factura.

Lo que sí sería un buen punto es que durante su tratamiento se ponga en foco un factor no menor en este contexto: la actualización del catastro rural, una deuda antigua que arrastra la clase política y que alguna vez deberá saldar.

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