El siniestro en el Contrato de Seguro

Guillermo Fronciani
Abogado

 

La ocurrencia del siniestro, y su posterior tramitación para liquidarlo, son los momentos más decisivos del contrato del seguro, donde se pone a prueba la eficacia del mismo, traducida en una rápida y correcta indemnización al  asegurado. Es por tanto natural que gran parte de los problemas que se plantean en las operaciones de seguros, tengan lugar precisamente en la fase siniestral.

Producido el siniestro, el asegurado debe comunicar su acaecimiento a la entidad aseguradora con la mayor rapidez a fin de que ésta tenga conocimiento del mismo con celeridad, lo que facilitará los trámites para la liquidación.

Al respecto recordamos el artículo 1589 del Código Civil que expresa: “… El tomador, o el derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo…”. Esta carga no debe requerir de formalidad alguna siempre que sea cierta, completa, precisa y pasible de que el asegurador pueda corroborar  después en base a las circunstancias particulares del caso. Permite investigar sin tardanza las condiciones en que se ha producido, a fin de establecer si ha ocurrido dentro de los límites de la cobertura prevista en el contrato y consecuentemente determinar si el asegurado tiene derecho a ser indemnizado conforme a su póliza.

Otra carga es la obligación del asegurado de aminorar las consecuencias del siniestro y facilitar al asegurador la entrada y actuación, junto con los datos necesarios para proceder a la comprobación de los hechos. El mismo Artículo 1589 en su 2do. Párrafo prosigue: “…Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro, o la extensión de la prestación a su cargo, y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin…”

 

Una carga del asegurado, no menos importante constituye el salvamento. El Articulo 1610 del Código Civil expresa: “…El asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades, para evitar o disminuir el daño, y a observar las instrucciones del asegurador…”. La institución del salvamento impone al tomador o asegurado la obligación de emplear todos los medios a su alcance para disminuir las consecuencias del siniestro, siempre que los gastos no sean “inoportunos o desproporcionados” a los bienes salvados. Es decir debe haber un equilibrio entre la estimación del siniestro en ese momento y el costo que implica salvar la cosa.

Así, el asegurado  debe facilitar al asegurador la prueba de la existencia de los bienes asegurados pues cuando ocurre la destrucción total de los mismos,  por ejemplo en un incendio o la desaparición por causa de un robo, el detalle descripto en la  póliza constituye la única presunción a favor del asegurado cuándo no puedan aportarse otras pruebas. Pero cualquier prueba admitida en derecho será válida en tal supuesto. Por ello es conveniente en los seguros de daños, conservar facturas, o fotografías de los objetos asegurados que faciliten la prueba de su preexistencia.

Una vez efectuadas las investigaciones y peritaciones necesarias para determinar la existencia del siniestro ya sea por la propia Compañía o a través de peritos, y no habiendo informaciones pendientes para el análisis del evento, el asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado. Sobre el particular, el Código Civil en su artículo 1597 expresa: “…El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar todos los hechos en que se funde…”

Vencido el plazo del artículo 1597, y no habiendo causales de demora, el asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las mismas y a poner a disposición del asegurado el importe ajustado según las circunstancias por él conocidas.

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