El rol del gobierno en programas de cumplimiento empresarial

Si bien se sabe que el Estado es la organización social que permite la convivencia de los ciudadanos en una zona geográfica determinada. Y que tiene las funciones complejas como el de asegurar el desarrollo económico y social de cada uno de los ciudadanos y del conjunto de sociedad, garantizar el derecho de las personas a satisfacer sus necesidades fundamentales.

También tiene como función controlar las relaciones laborales y comerciales, asegurando un sistema monetario estable y seguridad financiera. Además de garantizar servicios públicos eficientes y el derecho al empleo y asegurar un salario digno. Las corporaciones y agentes empresariales tienen el deber moral de colaborar con el Estado en la gestión eficaz del bien común dentro de programas de cumplimiento empresarial.

La del gobierno, en su función básica, es la de proveer un marco dónde prevalezca la ley y el orden, dentro del cual las personas puedan llevar a cabo cualquier acuerdo o actividad económica o del tipo que ellas deseen. En suma, manejar adecuadamente la disciplina fiscal agregada, la estabilización económica, la eficiencia en la asignación de funciones y recursos, así como el logro y el mantenimiento de la equidad entre todas las regiones del país.

Hace ya dos décadas, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las empresas se dieron cuenta que se puede alcanzar un desempeño financiero eficiente con la implementación del Gobierno Corporativo, que hacen frente a la evolución de las regulaciones y creciente gama de riesgos al implementar nuevas tecnologías, procesos y proveedores que al integrarlas permiten que la exposición al riesgo no sea alta. Tal es así que las inversiones se hacen en compañías en donde se realizan sanas prácticas corporativas que brindan seguridad, transparencia y confianza. Por lo que el crecimiento y sostenibilidad de las empresas se vuelve de carácter indispensable.

Para comprender mejor, será preciso mostrar que el gobierno puede ocuparse de implementar programas empresariales dentro del sector público y privado. En la primera, según el Ministerio de Hacienda, ‘‘el Estado ha hecho reformas para fortalecer su rol como propietario de las empresas que integran el Sistema de Empresas Públicas, con el propósito de mejorar la eficiencia de las mismas, se desarrolló el denominado “Código Arandú – Compromisos y buenas prácticas en materia de Gobierno Corporativo para las Empresas Públicas del Paraguay”, que tiene como objetivo proporcionar las mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo para otorgar un mayor empoderamiento. Este código sirvió de instrumento para permitir mejorar la gestión de las empresas públicas y garantizar la confianza de los grupos de interés y de la ciudadanía en general, a través de la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

En el segundo, es decir, sector privado, por otra parte, no existe promoción oficial, apoyo directo o acompañamiento por parte del gobierno paraguayo para el establecimiento de códigos de conducta internos en empresas privadas. No obstante, sí se demuestra un interés de que las actividades promovidas por organizaciones como las del PEC continúen en vigencia.

Esto no debe ser un impedimento para que las empresas e instituciones privadas no busquen el cumplir con la moral de la ética empresarial. Sino utilizar al Estado como un apoyo y tomar a asociaciones como la del Pacto Ético y Cumplimiento – PEC, a fin de alcanzar los ideales éticos que sustentarán y darán credibilidad y diferenciación al producto dentro del mercado.

De manera anecdótica, se puede mencionar las ocasiones en que al comentar los objetivos del PEC a altos funcionarios del gobierno, se mostraron entusiasmados con el rol del PEC e instaron a continuar con la gestión que estamos emprendiendo.

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