Está a consideración del Congreso un proyecto de ley que propone la crea­ción de una instancia de “auditoría y transparencia de la función pública”, iniciativa de los diputados Édgar Acosta y Celso Kennedy. La propuesta parecería aceptable si no fuera que en su artículo segundo deja suelta una hilacha al establecer la contratación de consulto­ras privadas que cuenten -indefectiblemente dice el proyecto- con psicó­logos especializados en el área laboral y especia­listas en administración pública. ¿Tan inerme está el Estado paragua­yo en sus normativas internas como para tener que pagar consultoras privadas? Veamos.