Estado gastó US$ 33 millones en seguridad

El IPS es la entidad que más abonó en estos servicios

JHOJHANNI FIORINI
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El Estado paraguayo gastó G. 207.278 millones (US$ 33.341.997) en servicios de seguridad desde el 2017 hasta la actualidad según los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Cabe destacar que el mayor gasto se realizó en el año 2017, cuando se adjudicó un total de G. 153.906 millones (US$ 24.823.554) en estos servicios. En el 2018 se gastó G. 46.063 millones (US$ 7.429.624) y en el 2019 ya se destinó un total de G. 7.308.672.380 (US$ 1.178.818).

El mayor proveedor de servicios de seguridad y vigilancia es la empresa SST Scurity Service Tegnology S.A. que se llevó el 64% de las adjudicaciones en los últimos tres años (2017 a 2019), este porcentaje representa un monto total de G. 132.794 millones. Le sigue muy por detrás la empresa Tapiti S.R.L. con el 12% de las licitaciones, lo que equivale a unos G. 25.794.052.668 en contratos desde el 2017 a la fecha. Asimismo, en tercera posición está la empresa Seguridad Inteligencia y Tecnología del Paraguay (SIT) que se llevó el 11% de los contratos, esto representa un monto de G. 22.223 millones.

La entidad con el mayor monto de adjudicaciones en estos servicios es el Instituto de Previsión Social (IPS) quien gastó G. 84.185 millones en el 2017, monto que no ha sido superado hasta ahora por ninguna otra institución. En segundo lugar está la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) quien gastó G. 32.255 millones en el 2017. En tercera posición está el Ministerio de Justicia que otorgó G. 1.528 millones en el 2017 y G. 11.038 millones en el 2018, totalizando G. 12.556 millones.

Cabe recordar que recientemente el IPS suspendió la licitación para la adjudicación del servicio de seguridad para los establecimientos sanitarios y administrativos de la institución. La mencionada licitación pretendía pagar casi G. 140.000 millones a la empresa SST Security Service Technology SA y Bullers SA, ambas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exlegislador de la ANR, José Chamorro. En vista a las denuncias y reclamos, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez creyó conveniente suspender el llamado a licitación e inmediatamente ordenó un nuevo proceso.

Para Stan Canova, analista financiero, se debe tener un apartado en las leyes de contrataciones sobre el uso del precio promedio de mercado para cada servicio/producto que se compre. “En el caso de productos es más fácil porque vía Aduanas / SET se sabe cuánto cuesta en promedio por ejemplo una laptop estándar (Gs 3 millones) y no irse a compras donde se ve laptops para oficina que van por los G. 20 millones cada uno. Esto creo que no existe a la fecha”, manifestó.

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