El déficit infraestructural como negocio privado

''El sector privado podría ganar dinero, extendiendo las redes y remunerándose con las tasas de dicho servicio, en una alianza con la empresa nacional encargada de ese servicio''

VICTOR RAÚL BENÍTEZ GONZÁLEZ
@VICTORAULB

Tengo una idea. Tanto es el déficit infraestructural del Paraguay, y tan mínima es la capacidad del sector público de mitigarlo, que sin el apoyo de todos es casi imposible pensar en disminuir la brecha. Según un estudio del BID denominado ICES – Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables, el déficit en agua y sanea­miento, movilidad, habitación social y energía, entre otros, ascendería a un va­lor que oscila entre 4 y 8 mil millones de dólares, de acuerdo a distintos criterios de cuantificación.

La segregación urbana y la destrucción de la biodiversidad medioambiental en las ciudades del Paraguay, es la pro­yección de las estructuras sociales en el espacio. Existe una Ley de Alianza Público Privada que todavía no está funcionando como debería. ¿Por qué no anda este tipo de esfuerzo conjunto en el Paraguay? El profesor Jeff Delmon, a cuyas conferencias tuve la oportunidad de asistir en Sao Paulo – en el marco de algunas jornadas de la GPSC, Plataforma Global de Ciudades Sustentables, patro­cinada por el Banco Mundial – sostiene que las APPs son como un casamiento.

Al inicio, durante el galanteo, ambos, sector público y sector privado, mues­tran sus virtudes más sobresalientes. Pero antes de firmar el contrato, ya sur­gen los problemas. En especial, proble­mas de confianza y de capital social, lo cual es fundamental. Es un caso único donde los hijos, que podrían ser de an­teriores matrimonios, es decir los ciu­dadanos, deben ser consultados, antes del contrato de casamiento, en el marco de protocolos de consultas y reclamos, de manejo de grupos de interés y sobre todo, de salvaguardas en la gestión de las indemnizaciones justas y consisten­tes en los reasentamientos eventuales de algunas obras con APPs.

La experiencia del Metrobus es ejemplar. No era una APP, pero era una obra públi­ca donde no se negoció con todos los beneficiarios, conforme a los patrones establecidos. Malos manejos del gobier­no anterior en materia de cumplimiento de protocolos sociales y de negociación con los stakeholders, terminaron por deteriorar la imagen pública del proyec­to, a tal punto que tuvo que abortarse en su modelo original, para transformarlo, ahora, en un modelo menos ambicio­so. Las transformaciones urbanas y de infraestructura pública son obras de in­geniería social y política, además de ser emprendimientos físicos y financieros.

Otro factor que generalmente hace que uno de los modelos que puede ayudar a que se aceleren las inversiones y se dis­minuya el déficit, como es el esquema de APPs, no haya avanzado lo suficien­te, posiblemente sea el miedo sobre los aspectos legales y de seguridad jurídica.

El dinero no debería ser el problema. Capitales abundan en el mundo entero. Si el proyecto es ¨bancable¨ conforme a los estudios que se puedan realizar, el dinero aparece. Pero, la calidad institu­cional de la sociedad es clave: el imperio de la ley. Sobre todo, en primer lugar, en el cumplimiento de las normas de los fideicomisos sobre las cuales se basan las APPs, y en los protocolos y normas de negociación social.

En segundo lugar, repetimos, la inver­sión con una APP donde participa el sec­tor privado debe ser un negocio rentable. No puede haber dudas sobre eso. La ren­tabilidad tiene como una de sus exigen­cias al imperio de la ley, lo que supone también normas no escritas que deben ser respetadas: la contención institucio­nal sobre la cual ya hablé en artículos anteriores. Nadie se aprovecha del otro hasta la saciedad. Ni el sector público ni el privado, tampoco la ciudadanía que hasta podría sobre-exigir indemnizacio­nes o compensaciones inusitadas, que no corresponden. Hay de todo. La trans­parencia y la ausencia de corrupción es otro elemento esencial.

Un negocio rentable, quizá podría ser, extender la distribución y so­lucionar las pérdidas de agua y de energía de los sistemas de distribu­ción de ESSAP y de la ANDE, en el Paraguay. Si el business plan revela como hallazgo, que existe una ne­cesidad de ampliar las redes y bus­car reducir las pérdidas de agua, y se ahorrará dinero, cambiando las viejas y maltrechas cañerías que diariamente se rompen en los sub­suelos de las calles de Asunción y Gran Asunción – podría ser un nego­cio rentable, que el sector privado realice la inversión quedándose con una parte, de la facturación adicio­nal, si es extensión de redes, o de los menores costos por pérdida de producto (agua).

Es sólo un ejemplo. La necesidad de redes de desagües cloacales es angustiante. El área metropolitana de Asunción no tiene prácticamen­te redes de aguas negras. El sector privado podría ganar dinero, exten­diendo las redes y remunerándose con las tasas de dicho servicio, en una alianza con la empresa nacional encargada de ese servicio, que no tiene recursos para hacer la inver­sión. Otras oportunidades son las pequeñas hidroeléctricas privadas, el manejo de residuos y la cons­trucción de rutas con peaje donde el retorno está más que asegurado. La securitización de los ingresos fu­turos a ser recibidos, es la garantía para la emisión de deuda del empre­sario privado que quiera aliarse con el Estado.

El deterioro de la calidad de vida por el déficit de infraestructura es alarmante. El déficit en agua y saneamiento, redes de energía, transporte público, infraes­tructura de movilidad y sobre todo ha­bitación social, casas o departamentos, está avanzando a pasos agigantados. La población se multiplica. Las tendencias globales suponen que el total de metros cuadrados construidos en el mundo se duplicará en los próximos 20 años. Or­denada o desordenadamente. La irrup­ción de la inteligencia artificial, del tipo plataformas de transporte o alojamiento y trabajo compartido, irá dejando atrás al poder tradicional en las ciudades, y en los países. Como dice Byung Chul Han, el poder pasa de los presidentes y alcal­des, a las plataformas de inteligencia ar­tificial. El cambio climático seguirá cau­sando estragos, como las inundaciones y las olas de calor (uso intenso de aire acondicionado, energía eléctrica al lími­te). Y el crecimiento de la desigualdad social como consecuencia del modelo productivo, será una constante.

En ese contexto, Asunción es el epicen­tro geográfico de un núcleo de biodi­versidad de tres grandes ecosistemas que están ahora en serios problemas: los bosques atlánticos interiores que ya han sido avasallados por el avance de la soja desde al Alto Paraná; el gran Chaco sudamericano que si bien es árido es un productor pecuario amenazado por los incendios y la deforestación y; el gran Pantanal que también se está incen­diando en parte, conectado a su vez con el territorio amazónico ubicado más al norte.

El caos de Asunción es derivado de la destrucción del primer ecosistema de la región oriental del Paraguay que, ex­pulsa gente del campo a la ciudad, con el avance de la producción sojera de ca­pital intensivo. Esto hace que Asunción importe gente empobrecida y exporte clase media hacia el AMA. La causa raíz de la gente que invade los bañados, y que cuando hay crecida invade también la zona alta de Asunción, no está en Asunción. Está en el modo de produc­ción brutal basado preferentemente en la explotación agropecuaria, primaria y agroexportadora.

Es por eso que aunque crezca el PIB no disminuye la gente empobrecida que habita la capital del país. Ahora la con­taminación del aire llega a Asunción, también, desde los territorios del norte. Los incendios del Chaco y del Pantanal nos dejan en permanente zozobra y con cielo obscurecido en el antiguo Paragua-ý. El hombre está destruyendo su propio hábitat. Y no quiere pagar impuestos para recomponerlo.

La iniciativa privada debe ayudar. Con una alta presión antrópica y una baja presión tributaria, parecería que tene­mos instalada una trampa perfecta. Y así, no da gusto.


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