El inacabable negocio de las invasiones

La insistencia con la que los gremios de la producción piden reunirse con el Presidente de la República indica el hartazgo que los está invadiendo ante la ola de invasiones. Recientemente, la UGP y la
ARP retiraron sus representantes ante el Indert alegando que desde el ente, en lugar de promover el desarrollo rural, lo que se hace es alentar el atropello de propiedades privadas, dando el nombre y apellido de funcionario
presuntamente involucrado. En este punto, indudablemente, el Presidente de la República tiene directa competencia en cuanto a la investigación interna y la adopción de las medidas que fuere oportuno aplicar a funcionarios desleales.

Pero en la materia específica de los atropellos de propiedades privadas, el asunto es estrictamente jurisdiccional. Son el Ministerio Público y los juzgados los que deben intervenir para restaurar el bien dañado o usurpado.

Desgraciadamente, en este punto los mecanismos de la justicia son lentos, erráticos, frecuentemente ineficientes y, no pocas veces según numerosas denuncias, simplemente cómplices de los atropellos. Además, esta condición de lenidad en el funcionamiento de la justicia se acentúa cuando fiscales y policías que deben expulsar invasores y arrestar cabecillas, lo que hacen es aplicar un “protocolo”, escandaloso invento dirigido a licuar las órdenes judiciales dando tiempo a los usurpadores a escurrir el bulto. Esta es la realidad en el mundo de las invasiones. Ya sea por acción u omisión, las autoridades terminan siendo cómplices de toda clase de atropellos y abusos.

El propietario de una finca en Canindeyú dijo a la prensa, tras ser invadida su finca: “Los invasores me exigían el título de propiedad. El colmo. Ahora resulta que todos somos sospechosos hasta que se pruebe lo contrario”. El mundo al revés. Ni más ni menos.

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