Pedir un aumento salarial no está mal. Y si se lo hace dentro del Estado se encuadra en el “derecho a peticionar” a las autoridades. Cuando los funcionarios de Hacienda, unos 2.300 según los datos oficiales, quieren un incremento del 29% alegando que no actualizan sus remuneraciones desde 2013, hablan desde el estómago del dragón y saben muy bien cómo y quienes se alimentan con la plata de los contribuyentes. Lo saben con nombres, apellidos, rangos, antigüedades, funciones, capacidades e ineptitudes para ocupar un cargo público. Puede que los asista la razón cuando piden el aumento. Pero, ¿saben si hay plata para pagarlo? Claro que lo saben y que la respuesta es no, no la hay. Por eso se aprestan a violar con premeditación y alevosía la ley de responsabilidad fiscal. Porque de otra manera sería imposible seguir fiesteando presupuestariamente como si nada.