Saben que no hay, pero piden igual

Pedir un aumento salarial no está mal. Y si se lo hace dentro del Estado se encuadra en el “dere­cho a peticionar” a las autoridades. Cuando los funcionarios de Hacien­da, unos 2.300 según los datos oficiales, quieren un incremento del 29% alegando que no actuali­zan sus remuneraciones desde 2013, hablan desde el estómago del dragón y saben muy bien cómo y quienes se alimentan con la plata de los con­tribuyentes. Lo saben con nombres, apellidos, rangos, antigüedades, funciones, capacida­des e ineptitudes para ocupar un cargo público. Puede que los asista la razón cuando piden el aumento. Pero, ¿saben si hay plata para pagarlo? Claro que lo saben y que la respuesta es no, no la hay. Por eso se aprestan a violar con premedita­ción y alevosía la ley de responsabilidad fiscal. Porque de otra manera sería imposible seguir fiesteando presupuesta­riamente como si nada.

Los funcionarios de Hacienda saben muy bien que dentro del minis­terio hay centenares de personas que no solo no tienen calificación para cargo alguno en el Estado sino que no durarían 10 minutos en el trabajo más insignificante del sector privado. Saben muy bien que de los 1.962 funciona­rios que atiborran la Cá­mara de Diputados, más de la mitad son planille­ros, parientes, entenados, vecinos y correligionarios de legisladores que no podrían sobrevivir ni con un carrito de panchos. Y que entre sueldos, gastos de representación, bonifi­caciones, gratificaciones, subsidios y ayudas, el Poder Judicial derrocha miles de millones.

No nos engañemos. El Presupuesto General de la Nación 2020 será un calco del de 2019. Seguirá el derroche en la manu­tención de regimientos de calientasillas –mu­chos, ni sillas, porque ya no hay lugar- para engrosar actos políticos y trasegar dinero público a bolsillos privados. Lo de siempre.

También podría gustarte