La decisión del Instituto de Previsión Social de excluir de las prestaciones establecidas por ley a quienes, dependiendo de algún titular del seguro, figuran en el Registro Único de Contribuyentes ha levantado flor de polvareda. Bastó que algún cerebro alerta del IPS metiera un algoritmo en las planillas y cruzara la información con otras agencias del Gobierno, para que saltaran de inmediato las incompatibilidades.