“Llave en mano”: modificaciones al procedimiento licitatorio

COMENTARIO

Inés Cáceres Ratti

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Somos testigos de que en los últimos años el Paraguay ha ido apuntando de una mane­ra cada más fuerte al crecimiento económico, especialmente con la producción de alimentos para mercados internacionales. Sin embargo, se ha quedado atrás y se encuentra en un nivel muy por debajo en comparación a los demás países de la región respecto a la tasa de inver­sión en infraestructura. Las necesidades de infraestructura son enormes en gran parte de América Latina y Paraguay no es una excep­ción, siendo así la inversión en infraestructu­ra una de sus materias pendientes.

El desarrollo de la infraestructura es clave para la competitividad de la economía. Inver­tir en una infraestructura eficiente es deter­minante. El crecimiento de la economía, la productividad de un país y una mejor condi­ción de vida para la población depende de la calidad de infraestructura de transporte, del suministro seguro de energía a un costo razo­nable y de la disponibilidad de amplias redes de comunicación que abarquen todo el terri­torio.

Además de las vías tradicionales, nuestro país cuenta con varias herramientas legales de inversión. A través de modalidades de in­versión como la Alianza Público-Privada (APP) bajo la Ley Nº 5102/13 y la de contratos “Llave en mano” bajo la Ley Nº 5074/13 el Estado Pa­raguayo busca la participación del sector pri­vado para la financiación y realización de pro­yectos de infraestructura. Estas leyes crean condiciones favorables para la participación del capital privado en el desarrollo de la in­fraestructura.

Los procesos licitatorios bajo la modalidad de los contratos “Llave en mano” se encuentran regulados por la Ley Nº 5074/13, la cual ha sido a su vez reglamentada por los Decretos Nº 5151/16 y 7374/17 – este último recientemen­te promulgado por el Poder Ejecutivo. Bajo la modalidad de este tipo de contratos, la em­presa interesada en un proyecto debe encar­garse del diseño, mantenimiento y costos de la supervisión de la obra, de la fiscalización y cumplimiento de normativa ambiental inhe­rente a la misma, así como también de la fi­nanciación.

En los contratos bajo la modalidad “Llave en mano” los riesgos de diseño y construcción son transferidos al sector privado, es decir a la empresa adjudicada, la cual debe cargar con todo costo adicional. La transferencia de los riesgos incentiva de manera positiva a la empresa adjudicada a ejecutar el contrato en tiempo y forma, evitando vicios ocultos y re­trasos en la entrega de la obra, ya que mientras la entrega de la obra no se de, no se genera la obligación de pago por parte del Estado. Ade­más, da previsibilidad al Estado, en virtud a que el precio de adjudicación es el precio final.

El Decreto Nº 7374 realizó importantes ajus­tes al procedimiento de licitación a través de esta modalidad en relación a los distintos ti­pos de ofertas que podrían presentar las em­presas que eventualmente tengan interés. La normativa también regula las condiciones del pliego, la preselección, sus efectos y el rol determinante del Ministerio de Hacienda así como las condiciones de financiamiento de la obra.

El Decreto dispuso que la empresa interesada en participar del proceso de licitación, ade­más de presentar una oferta técnica y eco­nómica, debe presentar una oferta de finan­ciación de la obra, la cual estará sujeta a las condiciones del mercado financiero nacional e internacional.

La oferta técnica debe contener los elemen­tos que demuestren la capacidad financiera, legal y técnica de la empresa oferente. Por otro lado, la oferta económica debe estar integrada por las cantidades y precios con los costos es­timados por riesgos asociados. Las condicio­nes que el oferente realiza en su oferta técni­ca y económica, permanecen inalterables por todo el tiempo que dure la licitación.

A su vez, la oferta de financiamiento debe contener las condiciones de financiación de la obra, en ella debe indicarse el monto, el plazo de financiamiento, y la tasa de interés ofreci­da. Así también, el oferente debe presentar el modelo financiero y la estructuración de fi­nanciamiento con el detalle de sus costos.

Al procedimiento de licitación a través de esta modalidad, se ha agregado una etapa de preselección de las ofertas, mediante la cual se agrupan las ofertas que cumplan con los requisitos legales y técnicos, cuentan con las calificaciones y la capacidad legal, técnica y financiera necesaria para ejecutar la obra y ofertan el menor valor presente neto. Las ofertas son agrupadas de menor a mayor te­niendo en cuenta el valor presente neto.

La etapa de preselección no tiene carácter vinculante, es decir, no crea derecho alguno a favor de las empresas preseleccionadas ni obliga a la Convocante a adjudicar la licitación a alguna de ellas.

El Ministerio de Hacienda, teniendo en cuen­ta la sostenibilidad fiscal, deberá dictaminar sobre la propuesta de financiamiento de las ofertas preseleccionadas en el término de treinta días de comunicada la preselección. Durante dicho plazo, la empresa preselec­cionada tiene la posibilidad de presentar una nueva propuesta en caso de que considere que existen mejores condiciones de finan­ciamiento, siempre y cuando se mantenga o reduzca el valor neto de la oferta que hizo lu­gar a su preselección. Es en esta etapa donde el Ministerio de Hacienda puede intervenir y negociar las tasas financieras, como lo hace con los organismos de préstamo internacio­nal.

El Comité de Evaluación solamente podrá re­comendar la adjudicación de la licitación, pre­vio pronunciamiento favorable del Ministerio de Hacienda. En caso de que el Ministerio de Hacienda se expida en forma positiva, el Co­mité de Evaluación preparará un informe fi­nal recomendando la adjudicación. En caso de que no lo sea, la Convocante deberá rechazar la oferta preseleccionada pasando a analizar la siguiente mejor oferta reiniciándose nue­vamente todo el procedimiento. Por último, se obliga a la empresa adjudicada a otorgar una garantía equivalente al 5% del valor de la obra o de cada parte terminada utilizable, cuando así lo disponga el Pliego de Bases y Condiciones.

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