“No bastarán investigaciones aisladas para aprobar examen”

Entrevista a Carlos Codas

Samuel Acosta
@acostasamu

 

El experto en la consultora Ferrere y ex director jurídico del Banco Central del Paraguay, Carlos Codas explicó a 5días las implicancias que tendrá la evaluación a la que será sometido el país este año por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) respecto al cumplimiento de las 40 recomendaciones sobre prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Fiscalía ha abierto investigaciones sobre presuntos casos de lavado de dinero a exparlamentarios, exfiscales y empresarios, ¿podría esto servir como  un punto a favor ante  los evaluadores del   Gafilat?

En primer lugar, debemos entender que esta evaluación es distinta a la realizada en años anteriores. En la inminente evaluación, se sopesará nuevamente el grado de cumplimiento técnico de un país (marco normativo) con relación a los estándares globales del GAFI, como en la anterior evaluación. Esos estándares internacionales son recomendaciones de buenas prácticas para mitigar los riesgos de lavado de dinero que se utilizan como el “deber ser” de los países evaluados.

Pero también, en segundo lugar -y esta es la novedad- se evaluará la efectividad de los órganos públicos en la implementación coordinada y eficaz del marco normativo. Ambos criterios de la evaluación son inescindibles y se interrelacionan, pues es poco probable que un buen sistema de prevención cuente con un marco normativo deficiente y una aplicación eficiente de medidas preventivas, y viceversa.

Entonces la clave de la evaluación pasará por demostrar efectividad…

Es ahí, en la efectividad, que es la medida en la que los países mitigan adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y sancionan los incumplimientos (administrativa o penalmente), donde el GAFI analizará las actuaciones específicas de los órganos públicos competentes, con un enfoque centrado en cuáles son los resultados específicos obtenidos en la lucha contra el lavado de dinero y, también y no menos importante, en qué medida se pudo preservar la integridad de los segmentos económicos supervisados, como sería la del sistema financiero (en otras palabras, que el sistema financiero no sea utilizado como puerta de acceso de activos ilícitos).

Al momento de evaluar la eficacia, se medirán básicamente once puntos o resultados que abarcan la correcta comprensión del país evaluado de sus propios riesgos de lavado de dinero Por ejemplo, los riesgos de Estados Unidos no son los mismos riesgos que se posan sobre Paraguay, pues nuestro país aún cuenta una economía informal de gran volumen, servicios financieros no tan sofisticados, ubicación geográfica distinta, etc.

También se medirán los resultados en cuanto al grado de cooperación nacional e internacional y, además, si los delitos y actividades de lavado de activos se investigan y si sus autores son procesados y, en caso que corresponda por la contundencia de las pruebas, si se aplicaron sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.

Por tanto, en principio, no bastaría con que un país acredite determinadas investigaciones o procesos aisladamente pues, en suma, lo que se debe demostrar es que el sistema en general es efectivo; esto es, que las normas e instituciones están funcionando armónicamente en todas las etapas: de identificación de riesgos, elaboración de normativas y políticas para mitigar dichos riesgos y en los casos concretos, que se han realizado investigaciones previas y eficientes y como consecuencia, se han producido procesamientos, condenas penales o sanciones administrativas y comiso de bienes, etc.

Para qué el sistema funcione, ¿todas las dependencias vinculadas deben actuar como un todo?

Así es, la evaluación de un sistema -como el de prevención de lavado de dinero- no puede realizarse analizando aisladamente uno o dos elementos; el análisis debe comprender tanto los elementos que lo componen como el sistema en su funcionamiento. Entonces, se analizará la eficacia de las políticas aplicadas, la medida en que los órganos públicos (SEPRELAD, Fiscalía, órganos de supervisión natural etc.) coordinan sus labores investigativas, si hay barreras estrictas que impiden el ingreso de fondos de lavado de dinero, si las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son detectadas y, en su caso, desarticuladas.

El paquete de leyes que remitió el Ejecutivo al Congreso ha vuelto a ser postergado con el argumento de no aprobar leyes a “ojos cerrados”.  ¿Nos expone esta situación a que no nos den los tiempos para cumplir con este ítem normativo de Gafi?

Entiendo que los proyectos de leyes son sumamente importantes y su tratamiento debería ser priorizado por los poderes públicos competentes y por la sociedad en general. No obstante, ello no implica que deban aprobarse a “ojos cerrados”. Durante el proceso de formación de cualquier ley propuesta, el proceso de análisis y crítica es elemental.

Sin dudas, hay urgencia, tanto por la inminencia de la evaluación como por la magnitud y peligrosidad del riesgo que se pretende mitigar. Por ende, debería realizarse el tratamiento en la brevedad posible, pero sin renunciar al debate y a la eventual implementación de soluciones que se ajusten a nuestros sistemas jurídico y económico, así como a la estructura de nuestro país y naturaleza de nuestros riesgos. No debemos olvidar que los estándares de GAFILAT son recomendaciones universales, pero nuestros riesgos en la materia son propios y puede que existan determinadas cuestiones que se resuelvan de manera más eficiente con soluciones domésticas, sin dejar de cumplir con los principios en esencia.

En el último reporte del índice ALA Basilea, Paraguay ha vuelto a aparecer en el ranking mundial entre los primeros 18 países de mayor riesgo de lavado de activos, estos reportes, ¿influyen en alguna manera en el análisis de los evaluadores?

Dicha calificación no necesariamente debería sesgar o influir en el criterio de los evaluadores. En realidad, los evaluadores deberían cumplir sus funciones de manera objetiva, a la luz de los datos que recaben en nuestro país. Su función no es un mero ejercicio estadístico o matemático; deben utilizar datos cuantitativos, pero siempre en función a análisis cualitativos (estructurales o contextuales) y por tanto, deben interpretar los datos de manera crítica, a la luz de las particularidades del país evaluado y su contexto.

El caso Darío Messer mostró que los bancos reportaron actividades sospechosas pero el informe de Seprelad hasta la Fiscalía tardó años en llegar. ¿Desnuda esto la fragilidad del sistema preventivo?

Como mencioné, al momento de evaluar no se analizará solo un caso en particular. No debemos enfocarnos -solo- en lo particular, sino que deberíamos hacer hincapié en lo general. Así, se estudiará si el sistema, como el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que tienden a mitigar el riesgo de lavado de dinero, se ajustan a principios internacionales aplicados en la materia y, en su caso, si la aplicación del sistema es efectiva y tiene resultados concretos. Tampoco se consideran solamente estadísticas o números; cada caso y cada situación deberán ser evaluados a la luz del contexto particular y nacional correspondiente.

¿Qué expectativa tiene, a muy poco de iniciar el proceso de evaluación, de que Paraguay consiga superar la prueba?

Estimo que, antes de la evaluación, no puede inferirse un resultado. El cúmulo de información que se analizará, las visitas que se realizarán, las medidas que se adoptaron y se adoptarán influirán, sin dudas, en el resultado. No obstante, en lo atinente a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, soy optimista. Entiendo que la sociedad y el sector político han comprendido la magnitud del riesgo y la necesidad de mitigarlo y es por ello que se observan medidas tanto del sector público como del sector privado a dicho fin.

La necesidad de evitar que graves hechos punibles se cometan y reproduzcan en Paraguay, de preservar las corresponsalías de las entidades financieras de plazo y de operar a costos transaccionales internacionales razonables y competitivos, la reputación de Paraguay, la posibilidad de obtener el grado de inversión y de obtener mejores tasas de intereses en deudas por tener un riesgo menor, el arribo de nuevas inversiones al país y, sobre todo, la imperiosa necesidad de que nosotros y nuestros padres, madres, hijos y seres queridos, vivan en un país seguro, son razones que hacen que la cuestión esté en el centro del debate.

Y eso es lo importante, que debatamos, analicemos y, sobre todo, actuemos rápido, con eficiencia. Al fin y al cabo, más que obtener una calificación positiva en la evaluación del GAFILAT, lo que deberíamos buscar es evitar que fondos provenientes del lavado de dinero no tengan un efecto multiplicador que pudiese menoscabar nuestra seguridad y la vigencia irrestricta del estado de derecho.

Gafilat