En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, obtuvo media sanción el proyecto que modifica el artículo 46 de la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados, que aclara el destino de estos bienes.
Este es uno de los proyectos del paquete antilavado, con miras a que nuestro país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa responde a una de las recomendaciones que realizó esta organización, para que Paraguay no sea incluido en la “lista gris”.
La propuesta que modifica este artículo específico del destino de los bienes, los productos financieros, el dinero en efectivo y el producto de la subasta de bienes declarados en comiso, ingresarán en su totalidad a la Tesorería General administrada por el Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el Poder Ejecutivo será el encargado de establecer la distribución de la totalidad de los recursos ingresados a la Tesorería General, para cubrir los gastos de operación, mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso, para fortalecimiento institucional.
El Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes incautados y Comisados y la Policía Nacional percibirán individualmente a un porcentaje no menor al 5% de la distribución que establezca el Poder Ejecutivo, para cubrir los gastos de operación, mantenimiento y preservación de los incautados y en comiso, y para el fortalecimiento institucional.
Además, el otro 50% será destinado para financiar proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social, así como también proyectos de prevención de lavado de activos, crimen organizado, el financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y narcotráfico.
El Ejecutivo establecerá la evaluación y selección de los proyectos de prevención de hechos punibles.
El senador (ANR) Sergio Godoy dijo que se tuvo consideración a las recomendaciones que se tuvo desde GAFI para adaptar al contexto nacional y establecer con rigor el destino de estos bienes.
Por su parte, también el senador (PLRA) Blas Llano dijo que una de las modificaciones a la propuesta inicial fue la de excluir al Poder Judicial dentro de los beneficiarios, considerando que es el que mejor tiene su presupuesto en comparación a las demás instituciones y para la imparcialidad.
“No creemos que el órgano que está juzgando sea beneficiario por los resultados de esa misma causa”.
Stephan Rasmussen (PQ) también coincidió en que la institución judicial sea excluida, ya que tienen tiene una actividad en el juzgamiento.
“Si juzga no va a poder ser juez y parte de ese proceso”.
Esta aprobación por amplia mayoría por parte de los legisladores, pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.
