Seguridad social en Paraguay: un sistema fragmentado

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Garantizar la seguridad de los ingresos de los adultos mayores es uno de los principales objetivos de bienestar que las sociedades modernas buscan alcanzar. Durante su vida laboral activa, los ciudadanos contribuyen a través de su capacidad productiva al desarrollo y progreso del país, por lo que en etapa pasiva deberían acceder al derecho a una jubilación o pensión justa y para ello las políticas deberían estar alineadas para cumplir con esos objetivos.

 

La Seguridad Social en Paraguay

El Sistema Nacional de Seguridad Social del Paraguay, en la actualidad no se encuentra centralizado, sino que se divide en ocho instituciones: el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal, la Caja de jubilaciones y pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, la Caja de jubilaciones y pensiones del Personal Municipal, el Fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo, la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, la Caja de jubilaciones y pensiones del Personal de ANDE y la Caja Paraguaya de jubilaciones y pensiones del personal de la ITAIPU Binacional.

Pese al tamaño del mercado, se evidencia una alta fragmentación normativa dado que cada caja de jubilación o pensión posee sus propias reglas y procedimientos, es decir, difieren en cuanto a tasas de aporte, edades, beneficios y metodología de cálculos. Esta es tan solo una de las numerosas debilidades que posee el sistema como un todo, teniendo en cuenta que no existe una entidad gubernamental como una Superintendencia de Pensiones, en donde se centralice las labores de control y regulación.

Con respecto a esto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OECD en su informe “Panorama de las pensiones de América Latina y el Caribe” menciona cuáles son los principales desafíos en cuanto a sistema de pensiones que tienen gran parte de los países de la región, como el de mejorar la cobertura del sistema de pensiones, la sostenibilidad financiera y la posibilidad de alcanzar los beneficios prometidos, así como la eficiencia administrativa en la gestión del sistema.

 

Pocos aportantes y beneficios mal asignados

Uno de los principales desafíos en Paraguay se da en cuanto a la baja cobertura pues, pese a que existen varios seguros sociales, parte importante de la fuerza laboral no está cubierta por alguno de ellos. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) tan sólo el 21,1% de la población ocupada aportaba en el año 2016 a un seguro social.

La baja cobertura afecta aún más a determinados segmentos, como es el caso de los trabajadores por cuenta propia, las personas que residen en zonas rurales del país y los trabajadores informales. En contrapartida, hay segmentos que poseen coberturas muy elevadas, como los maestros, militares, policías y los funcionarios públicos en general, lo que genera desigualdad en cuanto a cobertura contra los riesgos de la vejez.

Por su parte, otro problema ya mencionado en el artículo anterior se relaciona con la tasa de reemplazo o sustitución. Como lo señala el informe “Mejores Pensiones, Mejores trabajos” del Banco Interamericano de Desarrollo, Paraguay se caracteriza por un sistema previsional peligrosamente generoso, con tasas de reemplazo muy altas e insostenibles, que en algunos casos llegan a tasas entre el 80% y 100%, mientras que en países de la OCDE dicha tasa es de 53% para los hombres y 52% para las mujeres.

Esta situación compromete la sustentabilidad financiera del Sistema Social en general, aunque al no ser un ente unificado, algunas instituciones se ven más comprometidas que en otras, como es el caso de la Caja Fiscal que arrastra un déficit en los últimos 5 años. De manera a que las decisiones o acciones de insostenibilidad que se promuevan en el presente, se traducirán en una pesada carga para las generaciones futuras que deberán soportar fuertes ajustes.

 

Problema requiere un consenso político desde una visión técnica.

Todo lo mencionado, plantea un problema serio de regulación e insta a un consenso político sobre la situación del sistema actual, en la que muchas decisiones son tomadas sin el asesoramiento técnico adecuado, aumentando los beneficios y perjudicando la sostenibilidad.

Un claro ejemplo de esto, son las modificaciones aprobadas en el Congreso sobre el régimen de jubilaciones para profesionales médicos, en donde la Ley aprobada establece el retiro de los médicos a los 60 años con 30 años de aporte y el 100% del salario, una jubilación obligatoria a los 65 años de edad, manteniendo el aporte en 16%. Antes de la promulgación, los médicos debían tener 40 años de aporte y 60 años de edad para acceder a una jubilación del 71,6% del salario, al igual que los funcionarios de la administración pública. Este tipo de decisiones, harían que en el futuro tanto el grupo de profesionales médicos como los demás sectores también entren en déficit.

En conclusión, se verifica que los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Seguridad Social están asociados, a la baja cobertura, la falta de una supervisión centralizada que a su vez genera discrepancias en cuanto a los marcos regulatorios que se manejan en las distintas cajas. Por ello la existencia de una institución reguladora ayudaría alinear el marco normativo, incrementar la confianza de los aportantes y esto a su vez podría aumentar el número de contribuyentes que resguarden la sustentabilidad del sistema y ayude al desarrollo de la economía con inclusión social.

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