¿Sirven para algo los servicios de seguridad?

Las abultadas asignaciones presupuestarias para la contratación de servicios privados de seguridad están destapando un capítulo nunca antes considerado en profundidad en el control de los gastos del Estado. En nuestra edición de ayer consignábamos que de 2017 a la fecha, se llevan gastados más de US$ 33 millones en estos servicios proveídos a 44 instituciones gubernamentales por una veintena de empresas privadas.

Se parte del supuesto de que la seguridad es un servicio necesario y que para no sobrecargar a la Policía Nacional con una demanda que la sobrepasaría es que se terceriza esa función en la que el tesoro público lleva gastados ya más de 200.000 millones de guaraníes en menos de dos años.

Ahora bien. En toda lógica de contratación se exige, como contraprestación al pago, una instancia de evaluación de la eficiencia del servicio prestado. Habría que preguntarse si las oficinas estatales dotadas de seguridad a tarifas tan altas tienen a mano los informes de desempeño de esas veinte empresas contratadas. ¿Cuántos eventos de riesgo afrontaron o evitaron? ¿Bajó la incidencia de robos o de vandalismo en las instituciones vigiladas? En las planillas de contratación deben figurar claramente todos los ítems en los cuales deberían intervenir los guardias de seguridad.

Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público y la Justicia rinden anualmente sus informes de desempeño en el ámbito de la seguridad. Se sabe con lujo de detalles si delitos como homicidios, robos, asaltos, violaciones o secuestros aumentan o disminuyen, por áreas geográficas, nivel socioeconómico, sexo, edad, etc. Si las empresas de seguridad privada concurren a llenar un supuesto vacío dejado por la Policía Nacional, ¿están en condiciones de ofrecer informes similares de desempeño?

Sería bueno saberlo.

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