Impuestos en la era digital ¿a cargo del usuario?

Manuel Fernández Sayago
Abogado por la UNA, Máster en Estudios Avanzados de Tributación Internacional por la Universidad de Leiden (Holanda) y Consultor Senior en Precios de Transferencia

En la era de la economía digital, las empresas crean el valor de sus negocios a través de nuevos canales. El mercado nos enseña compañías que ofrecen servicios de transporte sin la necesidad de contar con una flota de vehículos, o que el mayor proveedor de alojamiento del mundo no posee inmuebles.

El cada vez más robusto fenómeno de la digitalización de la economía y el violento cambio de paradigmas resultante, presentan complejos desafíos a la tributación de la renta derivada de negocios transfronterizos. Con el fin de evitar bucear en oscuros tecnicismos, ilustremos estas ideas a través de ejemplos concretos.

La reciente Ley No. 6380/19 “de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” hizo bien en otorgar mayor claridad a ciertas cuestiones grises de nuestro sistema impositivo; por ejemplo, la manera en la que están sujetas a impuestos paraguayos las empresas del exterior que prestan servicios en nuestro país a través de plataformas digitales. Con la entrada en vigencia de esta disposición, al momento del pago a proveedores de servicios digitales del exterior deberá realizarse la retención del nuevo Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) a una tasa efectiva del 4,5% sobre el valor del servicio, además del IVA correspondiente.

No obstante, lo cierto y concreto del caso es que, debido a la naturaleza de esta retención, la empresa del exterior sencillamente podría trasladar esta carga impositiva elevando el importe facturado, lo que derivaría en un mayor desembolso únicamente para el usuario. Más que una simple especulación, esto es precisamente lo que sucedió recientemente en Chile y México, en el contexto de sus propias reformas tributarias.

La retención en Paraguay, además, deberá ser efectuada por las procesadoras de tarjeta de crédito o débito que intermedien en la operación, quienes probablemente tendrán que incurrir en costos adicionales para poder cumplir con la nueva carga administrativa puesta sobre sus hombros, prácticamente a quemarropa.

Lejos de afectar exclusivamente al Paraguay o a la región, estas cuestiones en realidad tienen un alcance global y en los últimos años han sido (y continúan siendo) el principal foco de atención de varios organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en materia de tributación.

Para poder empezar a entender el origen de la problemática, primero hay que familiarizarse con una importante figura de la de tributación internacional: el Establecimiento Permanente (EP). Un EP es una ficción jurídica en virtud de la cual la ley de un país (al que llamaremos “de fuente”) atribuye personalidad fiscal a una empresa extranjera, a raíz de algún tipo de presencia física y cierto grado de permanencia de esta en su territorio, y la somete a tributación como si fuese un contribuyente local… casi.

Ahora bien, el desafío que acarrea la transformación digital de los negocios es que, justamente, implica el diseño de modelos operativos que no requieren de ningún tipo de presencia física en los países de fuente. Por lo tanto, la función de recaudación se muestra un poco más complicada.

Al respecto, algunos países se van adelantando en la implementación de medidas que, por lo menos de manera temporal, ofrecen soluciones más o menos integrales a este asunto. Tal es el caso de Indonesia, cuyo Gobierno dispuso recientemente que la “presencia económica significativa” de una empresa extranjera operando en ese país a través de una plataforma digital, será suficiente para constituir un EP en el mismo, con independencia de la presencia física de esta en su territorio. La normativa indica que la noción de “presencia económica significativa” estará basada en criterios como ingresos consolidados del grupo, ventas en Indonesia y/o cantidad de usuarios en dicho país. Es importante mencionar que este país cuenta con una extensa red de Convenios Internacionales de Intercambio de Información, que facilitaría la ejecución de estas nuevas normativas.

Sin embargo, en tanto la comunidad internacional no llegue a un acuerdo en conjunto respecto al modo de enfrentar esta situación de manera homogénea y coordinada, la disparidad en el tratamiento de las rentas de negocios digitales cross-border podría generar a su vez otros problemas, como la doble tributación (o doble NO tributación).

Mientras tanto, el Paraguay debe trabajar primero en desempolvar el concepto de EP, incluido en nuestra legislación, pero de limitado uso en la práctica y poco conocido por los contribuyentes, profesionales y, aparentemente, por la Administración Tributaria misma. Asimismo, el Gobierno debe preocuparse por ampliar su red de Convenios de Intercambio de Información y Tratados Internacionales para Evitar la Doble Imposición, herramientas clave de colaboración entre Estados en la materia.

La reciente reforma tributaria en Paraguay ciertamente corrigió algunas ineficiencias presentes por muchos años en el anterior régimen normativo, al mismo tiempo que incluyó en la legislación figuras importantísimas como las normas de Precios de Transferencia, lo que representa sin duda alguna, un gran avance.

No obstante, para poder hablar de una verdadera “modernización del sistema tributario” en un mundo globalizado y digital, al Paraguay le queda aún mucho trabajo por hacer, principalmente en cuanto al fortalecimiento de los aspectos internacionales de su régimen impositivo.