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La insistencia con la que los gremios de la producción piden reunirse con el Presidente de la República indica el hartazgo que los está invadiendo ante la ola de invasiones. Recientemente, la UGP y la
ARP retiraron sus representantes ante el Indert alegando que desde el ente, en lugar de promover el desarrollo rural, lo que se hace es alentar el atropello de propiedades privadas, dando el nombre y apellido de funcionario
presuntamente involucrado. En este punto, indudablemente, el Presidente de la República tiene directa competencia en cuanto a la investigación interna y la adopción de las medidas que fuere oportuno aplicar a funcionarios desleales.
Pero en la materia específica de los atropellos de propiedades privadas, el asunto es estrictamente jurisdiccional. Son el Ministerio Público y los juzgados los que deben intervenir para restaurar el bien dañado o usurpado.