La enmienda constitucional, conocida como ley de emergencia, permite al Gobierno pagar un promedio de 250 reales a unos 40 millones de brasileños vulnerables entre marzo y junio, a un costo máximo de 44.000 millones de reales (US$8.000 millones). Pero la gravedad de la pandemia, que está obligando a los gobernadores a decretar confinamientos en todo el país, está generando preocupaciones de que la ayuda financiera sea insuficiente, dijeron las personas que solicitaron el anonimato porque las discusiones no son públicas.