La Cámara de Diputados deberá tratar este año la ley de suministro y contrataciones públicas con la cual el Gobierno espera reemplazar el marco legal vigente que presenta grietas e inconsistencias que hacen ineficiente el proceso. De los 160 artículos del proyecto, los senadores modificaron 16. Entre ellos, los artículos 17 y 21 se ocupan de impedir el acceso a los procesos de compras a personas directamente vinculadas con el Estado, comenzando por el Presidente de la República y terminando en el último funcionario, incluyendo cónyuges, concubinos y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. La ley establece los procedimientos para zanjar conflictos de intereses en ese ámbito y es, con respecto a la legislación actual, mucho más minuciosa. El cuerpo legal en estudio categoriza las compras a través de licitaciones por montos superiores al equivalente a 5.000 jornales mínimos y, cuando la cantidad fuera inferior a ese tope, se establece la figura de la licitación de menor cuantía. Esto eliminaría el procedimiento de la compra directa, atajo al que suelen recurrir con frecuencia los administradores de la cosa pública alegando la necesidad de acortar procedimientos en casos de emergencia.
Editorial
Empezando el año con el pie derecho
Sería bueno que los honorables empezaran el año cuidando tesoro público y no para garantizar intereses personales y familiares.