En octubre pasado, cuando la pandemia nos golpeaba fuerte, el Gobierno capituló ante organizaciones campesinas al firmar un “acuerdo de compromiso entre la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena Popular (ACIP), dos entelequias a las que Euclides Acevedo, entonces ministro del Interior, les concedió entidad en representación del Poder Ejecutivo. El encabezado de ese “acuerdo” enunciaba principios como “la necesaria reactivación productiva de la agricultura familiar campesina, los cambios climáticos, la emergencia sanitaria” etc. Prima facie, luce como una especie de diagnóstico de grandes temas. Pero el papel desnuda enseguida su verdadero propósito.