La idea es buena, pero más vale que funcionen todos los mecanismos de transparencia y control. La primera, para garantizar que en la adjudicación no se cuele algún prestanombres del poder. Y la segunda para asegurar que el servicio de mantenimiento sea prestado en tiempo, forma y con la calidad exigida en los términos de adjudicación.

No hay seguridad alguna de que la primera exigencia se cumpla en el reino de los parientes y los cuates. Como llave de seguridad la ley 1618 deja fuera de cualquier licitación a las autoridades y funcionarios del Estado, de las entidades descentralizadas, autárquicas o binacionales, de los gobiernos departamentales y de las municipalidades así como los parientes de los mismos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El ejemplo más obsceno de la nula obediencia de esta norma lo da el mismísimo vicepresidente Velázquez que tiene una parentela de 10 miembros enchufada en el tesoro público a un costo de casi Gs. 3.500 millones al año. Con semejante paradigma, “cazar” una licitación debe ser pan comido para el universo de vinculados al poder.

En cuanto a la fiscalización de obras y control de mantenimiento, tenemos el ejemplo del acueducto chaqueño, que costó mas de US$ 90 millones y que reventó semanas después de hacerlo funcionar. Los ductos habían sido auditados durante su colocación comprobándose algunas incongruencias con las especificaciones técnicas. Obviamente, la auditoría no sirvió para nada, vaya uno a saber por cuál razón, aunque es imaginable.