Llevamos en este espacio años de prédica rogando el inicio de una transformación del servicio de generación, transmisión, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Para el efecto no basta renegociar con inteligencia nuestra participación en la torta de la energía de Itaipú. Es imperativo, además, crear de una buena vez una instancia de regulación del sector energético con independencia de la política pública, con autonomía financiera y potestad legal para sancionar reglamentos, multas, etc. Este punto clave se discutió en mayo pasado en oportunidad de evaluarse qué tan preparado está el país para volcarse a las energías renovables. ¿Qué dijo el vocero de la ANDE? “El país no está en condiciones de tener un ente regulador”. Con lo cual, si se mantiene este “criterio”, el Paraguay seguirá siendo el único país del continente que carece de esa instancia administrativa. Pero se entiende que sea la ANDE la que se oponga, porque la perspectiva de abrir el mercado eléctrico a la inversión privada desata el pánico en las monarquías sindicales empotradas en el ente al cual mantienen sobrepoblado de funcionarios inútiles y prebendarios atados a caciques políticos.