El peligro de la sondeocracia (2a Parte)

AITOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ
JURISTA Y POLITÓLOGO

 

Posibilidad ésta, la de la conspira­ción, que cobra sentido no sólo por la más que sospechosa foto, sino por el hecho de que la en­cuesta realizada por el diario uruguayo La República indicó en abril que el líder de la Alianza aventajaba en intención de voto al candidato colorado por 5 puntos. Es decir, la única encuesta extranjera fuera del presunto contubernio de en­cuestadoras paraguayas demostró que los datos a los que llegaría cualquier téc­nico de forma objetiva eran radicalmente distintos a los que presentaban en forma coordinada las encuestadoras del país.

Por lo tanto, sobre la base de todo lo anterior, parece evidente que exis­ten al menos indicios de una pre­sunta conspiración orquestada para alterar los resultados electorales me­diante la emisión deliberada de in­formación falsa al cuerpo electoral, pudiendo haberse cometido delitos de fraude, falsedades, alteraciones y demás conductas con claro conteni­do penal que deberían ser investiga­das, al margen de las responsabilida­des civiles por los daños y perjuicios causados por la mala fe en la difusión de información falsa en caso de que se acreditara.

 

CASUÍSTICA EN EL ÁMBITO  DEL MERCADO Y  PRECEDENTES JUDICIALES  CONTRA EL FRAUDE ELECTORAL

Pensemos por ejemplo en el ámbito mer­cantil. Si una empresa emite información falsa con la intención de alterar los pre­cios de mercado o conseguir un benefi­cio propio sobre la base de falsedades ese comportamiento es perseguible penal­mente, en el ámbito de las falsedades, el fraude y la alteración, todo ello al margen de la eventual responsabilidad civil por los daños y perjuicios acarreados y de los tribunales de la competencia.

Aterricemos aún más los ejemplos. Si Coca-Cola ganara a Pepsi cuotas de mer­cado sobre la base de información falsa vertida en los medios, como estudios donde se afirmaran que los consumido­res demuestran una preferencia por los productos de la primera, es evidente que Pepsi presentaría acciones judiciales por la alteración maliciosa del mercado.

Pero alejándonos de los ejemplos y ate­rrizando en casos concretos. Es nece­sario recordar lo ocurrido con algunas agencias calificadoras de riesgo como por ejemplo Standard & Poors (S&P), cuyo objeto era realizar informes técni­cos sobre el riesgo de determinados acti­vos. La emisión de estos informes tenía un impacto en el mercado al condicionar la adquisición de esos bienes y servicios. Pues bien, el Gobierno norteamericano demandó por fraude a S&P al entender que la información vertida en el concreto caso del mercado hipotecario era falsa, alterando ese mercado de forma irregu­lar.

Por lo tanto, al igual que se protege el mercado de estas intromisiones ilegíti­mas y fraudes a los consumidores, tam­bién se debe proteger a la democracia y los intereses de los electores de posibles artimañas fraudulentas por parte de las empresas encuestadoras. El ciudadano no es sólo consumidor que vive en un mercado libre, es también un elector que vive en una democracia transparente, por lo que el poder judicial debe tutelar ambos espacios.

Y es ahí donde nos encontramos con pre­cedentes muy inmediatos de acciones judiciales, como la reciente demanda presentada por el Partido Demócrata contra el equipo de campaña de Trump en Estados Unidos alegando intromisión electoral. Aún tratándose de alegaciones más que cuestionables, y sostenidas en una poco fiable teoría de la conspiración, el Partido Demócrata demandó judicial­mente lo que entiende como una intro­misión electoral.

 

NECESARIAS ACCIONES  JUDICIALES  EN PARAGUAY

Por lo tanto, en Paraguay, existe un es­pacio judicial para que la Alianza pre­sente acciones judiciales penales y/o civiles. Unas acciones que se basan en principio en la existencia de serios in­dicios que indicarían que pudo existir una presunta conspiración orquestada para cometer un fraude contra el nor­mal desempeño electoral.

Por lo tanto, sobre la base de esos indi­cios, las autoridades judiciales del país deberían proceder a una investigación seria de los hechos, requiriendo a esas empresas encuestadores acreditar sus muestras, la forma en que administra­ron esos cuestionarios, los reportes emitidos por los softwares de trata­miento de datos, las significaciones es­tadísticas encontradas, la toma de de­claración de sus técnicos, los contratos por los que prestaron esos servicios, entre otras diligencias de investiga­ción.

Si de esas diligencias básicas de inves­tigación no se indujera ninguna mala fe, no estaríamos ante hechos relevan­tes en el plano penal o civil, aunque podríamos acreditar que se trata de los peores encuestadores jamás conoci­dos, capaces de errar en 25 puntos un sondeo, lo cual significa que debemos ir pensando en un refugio para escon­dernos de un eventual meteorito que podría impactar en breve.

Si por el contrario se demostrara que ha existido alguna mala fe por parte de esos encuestadores, y que coor­dinaron con un partido una acción fraudulenta, la justicia debería tomar acciones por el bien y la salud de la democracia paraguaya, ya que de lo contrario el país se deslizaría peligro­samente hacia la sondeocracia.

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