El relajo de los cargos de confianza

Todos los días, desde todos los rincones del Estado, se hace mofa de la ley de la función pública. Con cada nueva administración, los políticos salen a cazar “cargos de confianza”.

En teoría, se trata de puestos limitados.

La ley 1626 dice que son cargos de confianza y, sujetos a libre disposi­ción, los ejercidos por los ministros del Poder Eje­cutivo, los funcionarios designados con rango de ministros y funcionarios de ese nivel. También lo son los secretarios, los directores, los jefes de departamentos, divisio­nes y secciones… Como la ley establece que el ingreso y promoción en la función pública se hará mediante concurso de oposición y los “cargos de confianza” son de libre disposición, ¿adivinen cuál es el camino elegido para burlar la ley 1626? Exacto. Las oficinas públicas están llenas de estas personas que pocas veces se sabe de la con­fianza de quiénes gozan y por cuales méritos. El campeón mundial de este relajo vergonzoso es el Senado, en cuya nómina figuran 19 directores generales… ¡y 143 directo­res! Todos, naturalmente, nombrados con total libertad de procedimien­tos. Y con qué salarios.

El sueldo de un director del Senado oscila entre los 13 y los 17 millones mensuales y el de un director general pue­de llegar hasta los 24 millones. Un caso para Ripley. Cierta “directora de comisión de asuntos internacionales” tiene un sueldo de planilla de 15 millones, 2,5 millones de gastos de represen­tación, dos (por falta de una) bonificaciones por responsabilidad por 3,5 millones, más un plus mensual de 6,5 millones para viajes, casi Gs. 28 millones mensuales.

En sólo 162 funcionarios del Senado, Hacienda se permite el lujo de derrochar Gs. 33.000 millones al año.

Claro, son “cargos de confianza”. ¿Qué dice, ante esta obscenidad, la nueva Secretaria de la Función Pública?

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