Los impuestos y la salud

El pasado 31 de octubre se presentó en el Senado un proyecto de ley donde se exponen ocho opciones para aumentar el Impuesto Selec­tivo al Consumo (ISC) a las bebidas con alcohol y azucaradas. Luego de evaluar cada una, finalmente den­tro del proyecto se propone una opción para llevar adelante la suba de impuestos a los mencionados productos. Hemos visto posiciones encontradas con relación a este proyecto, por un lado, representan­tes del sector público, que apoyan la iniciativa y por otro, represen­tantes del sector privado que están en contra de la misma, en este artí­culo analizamos el proyecto desde un enfoque económico.

¿Cuál es la exposición de obje­tivos que alegan los proyectis­tas?

Los motivos para aumentar el ISC sobre las bebidas con alcohol y azucaradas tiene un doble propó­sito: a) contribuir al control de en­fermedades, lo que se traduce en desalentar el consumo de este tipo de productos; y, b) recaudar más re­cursos para la salud. En el proyecto de ley se menciona que, según un estudio de la Dirección de Vigilan­cia de la Salud del MSPBS, entre el 2010 y el 2014 hubo 6.557 muertes debido a enfermedades agudas y crónicas relacionadas al consumo de bebidas alcohólicas y, por otro lado, las estadísticas posicionan al Paraguay con el mayor porcentaje de la población con sobrepeso y obesidad entre los países del MER­COSUR.

Ciertamente, el consumo en ex­ceso de las bebidas con alcohol y azucaradas presenta un problema de salud pública, el cual, sin dudas debe ser encarado por el estado, no obstante, las dos metas pueden estar en conflicto. Si la adminis­tración prueba ser muy exitosa en desalentar el consumo, podría no tener dinero suficiente para pagar los planes de salud, con lo cual el segundo objetivo no se cumpliría.

Por otro lado, el proyecto toma en consideración solamente en 2 de las 52 recomendaciones estable­cidas dentro del documento de Política Nacional de Prevención del Consumo Nocivo de Bebidas Alcohólicas del año 2011. Lastimo­samente los proyectistas se han enfocado solo en la política de pre­cios, cuando que la política de es­tado para encarar estos problemas debería ser mucho más amplia y enfocada desde diferentes aristas, sin dejar de lado las otras 50 reco­mendaciones que aparentemente han sido olvidadas por los proyec­tistas, con lo cual el primer motivo quedaría desvirtuado.

¿Cuál es la propuesta concreta del proyecto de Ley?

El proyecto de Ley mantiene las cuatro categorías del impuesto existentes hoy en día, pero una novedad en el mismo es que las nuevas tasas propuestas de ISC consideran el grado de alcohol y azúcar de los productos, aplican­do el criterio de: a medida que va aumentando el grado de alcohol y azúcar en las bebidas se incre­menta el porcentaje de impuesto a cobrar.

Las tasas actuales del 5% para bebi­das sin alcohol, y del 9%, 11% y 13% para bebidas con alcohol, pasarían a porcentajes entre 7,5% y 10% para bebidas azucaradas con me­nos de 5 gramos por 100 ml y entre 10% y 20% para las que tienen más de 5 gramos por 100 ml y para las bebidas alcohólicas quedarían en­tre 13,5% y 18% para las cervezas y bebidas con baja graduación alco­hólica, entre 16,5% y 22% para los vinos, sidras y champagne y entre 19,5% y 26% para las bebidas des­tiladas, como licores, cañas, ron, whiskies y otros de similar tenor alcohólico.

¿Cuál es el impacto que tiene el aumento de los impuestos des­de el punto de vista económico?

Para el consumidor final, el impac­to económico principal se traduce en un incremento en los precios de los productos mencionados, cuya variación depende de la elastici­dad de la demanda, la que determi­nará si el impuesto es absorbido en parte por los oferentes, a través de menores márgenes de ganancias, o si es trasladado completamente al consumidor final; el grado en que el impuesto es absorbido o trasla­dado a su vez determinará el im­pacto final sobre los precios y con­secuentemente el nivel de ventas.

Por su parte, el efecto en los in­gresos del gobierno por la imposi­ción de un impuesto sobre alcohol o cualquier otro bien también de­pende en gran parte de la elastici­dad de la demanda. Obviamente, es diferente la situación en la cual el gobierno impone un impues­to a un bien que no había estado gravado previamente, los ingresos fiscales deberán incrementarse siempre que las ventas no se re­duzcan a cero después del aumen­to del precio resultado del impues­to. Sin embargo, un aumento del impuesto sobre un bien gravado con anterioridad puede aumentar o disminuir los ingresos fiscales, dependiendo del efecto que tenga el incremento de los precios so­bre las ventas. Si bien, el proyecto menciona algo al respecto de este punto, hay un vacío muy grande en este aspecto en particular, con lo cual resulta incierto determinar si el impuesto logrará recaudar más o si finalmente se terminará recau­dando menos, con lo cual el segun­do objetivo podría no cumplirse.

Finalmente, un aspecto importan­te a considerar es la existencia de un mercado ilegal, el cual según EuroMonitor International, re­presenta el 7% del mercado total, dentro del cual el 72% del mismo es contrabando, que se traduce en 4,4 millones de dólares anua­les de pérdida de ingresos para el estado. Considerando los fac­tores que propician ese mercado: la situación económica del país, los factores culturales que hacen a los consumidores buscar pro­ductos a precios bajos, junto con las características geográficas, la falta de control fronterizo y las si­tuaciones cambiarias con los paí­ses vecinos; nos lleva a conjeturar que el incremento de precios por impuestos más altos, podría in­centivar el mayor consumo en el mercado ilegal. 

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