En la Corte Suprema de Justicia se acumulan al menos 450 acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19. Cerca de medio millar de empresas y personas están convencidas que se está violando su derecho a la intimidad y quebrantando la Constitución. No es un tema menor. Los centenares de demandantes, que han transitado el debido y extenso proceso judicial, reclaman que los efectos de la ley no les sean aplicados.
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Estado condiciona sus contrataciones
De esta forma, la Ley 6355/19 no solo extendió el alcance de una obligación que pertenecía exclusivamente a personas del sector público, sino que también estableció un nuevo requisito a las personas del sector privado para participar en procesos de licitación. En consecuencia, aumentó el costo -no solo burocrático- para todo aquel interesado en contratar con el Estado.
