Ginebra, 25 nov (EFE).- El Comité de la ONU contra la Tortura expresó hoy en su informe sobre Paraguay preocupación por “numerosas y concordantes” denuncias de torturas y malos tratos a detenidos por parte de miembros de la Policía, así como por el uso “habitual y extendido” de la prisión preventiva.

El organismo lamentó que el Gobierno no haya comunicado “datos consolidados sobre denuncias de torturas, investigaciones y sanciones aplicadas”, y señaló que las cifras que le proporcionó sobre sumarios administrativos relacionados con policías no indican cuántos de esos casos llegaron a un proceso judicial.

Por otra parte, el grupo de expertos de la ONU expresó cierta extrañeza porque, según los datos oficiales, sólo se presentaron nueve denuncias de torturas en prisiones, “lo que contrasta con las persistentes alegaciones y amplia documentación recibida de otras fuentes”.

El comité, cuya función es evaluar periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes en la manera en que cumplen sus disposiciones, se refirió a “la falta de respeto al plazo máximo legal para la prisión preventiva”.

De manera particular, los miembros del comité se mostraron preocupados por “las condiciones materiales” del pabellón psiquiátrico de la prisión de Tacumbú y por la falta de atención médica a las personas que están recluidas allí.

En el ámbito de los centros de detención, el comité de la ONU señaló haber recibido denuncias de “actos de corrupción generalizada en el sistema penitenciario y en la Policía” de Paraguay.

Indicó que, según testimonios, los prisioneros “deben sobornar a funcionarios públicos para obtener atención médica, alimentos o recibir visitas”.

Para remediarlo, recomendó al Gobierno medidas como auditorías que definan conductas y riesgos de corrupción, y que fortalezca su propia capacidad para investigar y enjuiciar esos casos y organizar programas de formación y sensibilización de los profesionales involucrados.

También aborda el informe la declaración del estado de excepción en los departamentos de Concepción y San Pedro el pasado 10 de octubre por un periodo de 60 días, una situación que preocupa al comité por “la restricción de derechos humanos durante ese periodo”.

Paraguay, sugieren los miembros del grupo, debería tomar decisiones de ese tipo sólo cuando sea “absolutamente necesario”, y recuerdan que tiene, en cualquier caso, la obligación de hacer respetar los derechos civiles y políticos y velar por que no haya casos de tortura.

En otro apartado de su informe, el comité pide al Gobierno que adopte medidas para que se pueda elegir a un Defensor del Pueblo lo antes posible y que dote a la entidad que éste dirigirá de los recursos necesarios para cumplir su mandato.

En el ámbito de los reconocimientos, el comité, presidido por el jurista chileno Claudio Grossman, felicita a Paraguay por haber adoptado una serie de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, así como por medidas y declaraciones políticas en defensa de los mismos.