La ineficiencia pública cuesta US$ 142 millones

Datos del Centro de Desarrollo Sostenible

El retraso de los pagos en las contrataciones públicas en Para­guay, entre 2011 y 2017, tienen un costo acumu­lado de US$ 142.29 millones, equivalente a 0.98% del Pro­ducto Interno Bruto (PIB) de Paraguay 2017, según el 3er Simposio de Investigación de Datos Abiertos.

El impacto que los atrasos crónicos pueden tener en un nivel agregado, incluye un crecimiento econó­mico reducido, un mayor costo de la provisión del servicio, entrega pública reducida o interrumpida y mayores tasas de interés.

En Paraguay el proceso de pago tiene varias etapas: la etapa 1 es la más costosa y corresponde al pago de fac­turas, el proveedor presenta una factura a la entidad y la misma carga la factura en el sistema y crea una obliga­ción, en la etapa 2 se crea una Solicitud de Transferencia de Recursos (STR), se aprueba la STR y se envía al tesoro, por último en la etapa 3 el Tesoro crea una Orden de Trans­ferencia (OT) y se ejecuta el pago.

Juan Pane investigador para la Iniciativa Latinoamerica­na de Datos Abiertos (ILDA), expresó que el primer paso del procedimiento de pago (etapa de factura), no está regulado, y es el que toma más tiempo.
“Nuestra recomendación sería revisar las prácticas de adquisición en esta etapa con el fin de acortar los retrasos.

Si se cumple un plazo de 15 días, los costos podrían reducirse en un 48%. Por otra parte, si el plazo de pago total se establece en 45 o 30 días desde la emisión de la factura, el costo podría ser reducido en un 42% o un 52%, respectivamente”, resaltó.

Agregó que la principal causa de falta de pago es la necesidad de fondos, primeramente se distribuyen los salarios y si sobra se pagan los contratos.

“El presupuesto no se ejecuta perfectamente cómo se debería ejecutar, entonces, nunca se termina de recaudar todo lo que se necesita para pagar”, acotó.

Además dijo que el plan de caja no se distribuye de muy buena forma, por falta de información o porque no se poseen fondos, entonces como consecuencia se retrasa los pagos.
En general, las entidades contratantes toman 55 días en promedio para pagar facturas, mientras que los plazos óptimos internacionales se establecen en 30 días.

Para algunas instituciones, la duración puede extenderse por más de un año, lo que muestra que hay ineficiencias en el proceso de pago de adquisiciones.

“En el caso de facturas pagadas con fondos del Tesoro, nuestra recomendación sería modificar los pasos en el proceso, para que las facturas se puedan cargar en el sistema sin un plan de efectivo. Esto puede ayudar al Tesoro a identificar qué pagos vencen y distribuir los fondos en consecuencia”, dijo Pane.

Además en la última etapa, particularmente en la implementación financiera que se relaciona con el proceso de pago a los proveedores. En esta fase, los gobiernos a veces enfrentan el problema de no pagar a los proveedores a tiempo, lo que causa ineficiencias y costos financieros.

Por otra parte existen dos ministerios, el de Salud y el de Obras Públicas que concentran el 67% del costo total, por lo que los esfuerzos correctivos deberían concentrarse en estas entidades.
También hay evidencia de que la fuente de financiación, el tipo de compra, el tamaño de la institución y su ejecución presupuestaria afectan los tiempos de duración del pago.

“Es necesario regular la primera etapa y establecer un plazo, para obligar a las instituciones a modificar sus prácticas para cargar facturas en el sistema más rápido, esto es particularmente importante para las facturas pagadas con fondos institucionales y públicos fondos de crédito, ya que no hay justificación para retrasar el proceso si hay recursos disponibles para pagar”, sostuvo.

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