Jueces de la Corte dan implacable interrogatorio

Ayer se escucharon alegatos del Estado paraguayo y demandantes

David Chamorro
@_davidchamorro

A las doce del mediodía de ayer (09:00 en Costa Rica) iniciaba la Audiencia Pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Arrom – Martí. En dicha ocasión se escucharon los alegatos de los denunciantes y el Estado paraguayo.

Luego de una breve presentación, Juan Arrom, por pedido de la defensa, inició con sus argumentos a modo de resumir lo acontecido a finales del 2001 e inicios del 2002. En el proceso interrogatorio, los jueces denotaron varias inconsistencias en las declaraciones del denunciante.

DEBILIDADES
Los magistrados consultaron cuestiones puntuales que dejaron al desnudo la incongruencia de ciertos hechos expuestos por Arrom, sobre su supuesto secuestro por parte del Estado paraguayo y la falta de pruebas para comprobarlo.
Primeramente, se le consultó sobre el motivo de su privación de libertad, en conjunto con Martí, a lo que respondió que “el objetivo era la autoinculpación, aquel hecho criminal formaba parte de un plan de desestabilización del Gobierno”. También, se le consultó sobre la implicancia de Patria Libre en el hecho, a lo que negó su participación e inculpó al Gobierno, queriendo relacionarlo con guerrillas colombianas.

¿Por qué un secuestro podría desestabilizar el gobierno?, consultó uno de los magistrados, a lo que Arrom no supo qué responder, dejando la respuesta en manos del Estado.

Una vez más, los jueces resaltaron el hecho de no haber agotado las instancias internas para probar que existió un secuestro por parte del Estado paraguayo y, por ende, tampoco se podía demostrar que precisamente fueron miembros del Gobierno los que procedieron al ilícito.

Otro cuestionamiento que dejó en falta al denunciante, se relaciona con las heridas y golpes recibidos durante el supuesto secuestro. Los jueces objetaron la no homologación del informe médico -que fue realizado en un sanatorio privado- ante el Gobierno. A esto, Arrom respondió que “fue un momento de confusión. Nadie está preparado para pasar por una situación como esta. Yo dije que tenía seguro; me iba a sentir más tranquilo en un hospital privado”.

“Lo que yo reclamo es una cifra simbólica de 50 millones de dólares. No hay monedas que cuantifiquen este tipo de daño”, mencionó el declarante en relación a los daños morales y físicos, sumados al sufrimiento durante los 16 años que lleva como refugiado político en Brasil.

Cristina Haydeé Arrom, hermana de Juan Arrom, declaró ante la Corte, entre lágrimas y silencios, dejando vacíos en las respuestas o afirmaciones poco sólidas. Fue cuestionada al responder que “una señora de apellido Bordón” era la secuestrada en aquel entonces, siendo que formaba parte de su círculo familiar político.

PLANIFICACIÓN
El exfiscal General del Estado, Oscar Germán Latorre, manifestó ante la Corte cuanto sigue: “Con toda certeza podemos hoy afirmar que esos secuestros fueron planificados por un grupo de personas mimetizadas en un movimiento político que, decidieron abrir la industria del secuestro, que contactaron y se vincularon (y específicamente Juan Arrom) con gente de las FARC”.
Detalló que la Fiscalía tiene los registros de correos electrónicos donde Rodrigo Granda (guerrillero colombo-venezolano) se comunica con Raúl Reyes (vocero de las FARC) y le comenta que tomó contacto con él Juan Arrom del Paraguay, explicándole que tenían un proyecto que querían desarrollar para ganar dinero y “que necesitaban el asesoramiento de las FARC en materia de secuestros”.
Complementó diciendo que el Ministerio Público posee sobradas documentaciones que denotan inequívocamente cómo comenzó la industria del secuestro en el Paraguay. “La Fiscalía tiene pruebas de cómo Arrom contactó con esta gente, cuánto aportó las FARC en concepto de dinero para organizar el secuestro de Debernardi y, cuánto fue el pago que realizó la gente vinculada al ilícito a las FARC, que fue de unos US$ 300 mil.
Luego de esta presentación de alegatos finales, tanto la representación del Estado paraguayo como la de las supuestas víctimas tienen tiempo hasta el 8 de marzo del 2019 para presentar sus alegatos y observaciones finales por escrito.

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