Senadores rechazan veto del Ejecutivo sobre universalización de pensiones

CONGRESO

La Cámara de Senadores rechazó ayer el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley que modifica y amplía el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. El documento pasa la Cámara de Diputados.

La propuesta de la normativa estipula, entre otras cosas, la inscripción automática de personas en situación de vulnerabilidad social, al cumplir los 65 años de edad. El proyecto establece que los beneficiados recibirán un monto no menor a la cuarta parte del salario mínimo que sería alrededor de G. 528.000.

Entre los argumentos para el veto parcial, el Poder Ejecutivo mencionó que “el Ministerio de Hacienda ha elaborado estimaciones de potenciales beneficiarios y el costo fiscal adicional que estaría implicando. Los resultados muestran que un costo adicional corriente aproximado sería de US$ 445 millones para el 2020 -2024.

En el corto plazo, con la ley vigente el programa representa un costo promedio anual del 0,5% del PIB; mientras que con la presente propuesta pasaría al 0,8%. La cantidad de potenciales beneficiarios y, por ende, el monto a subsidiar sería cada vez mayor.

Asimismo, señalaron que no se cuenta con fondos para financiar el subsidio y además el Ejecutivo cuestionó que la propuesta tenga artículos que se prestan a ambigüedades.

Durante el debate, el legislador Hugo Richer (FG) aseguró que el Gobierno deberá replantearse sus políticas en la lucha contra la pobreza y extrema pobreza. “Los elementos de medición de la pobreza están desfasados”, apuntó. Criticó que como parámetro se tenga en cuenta si la persona cuenta o no con baño moderno.

En esa línea, sus colegas Eusebio Ramón Ayala y Víctor Rios del PLRA coincidieron en que el proyecto de ley busca disminuir desigualdades y garantizar el derecho constitucional para proteger a las personas de tercera edad.

“No convirtamos un derecho en una limosna, discutamos el derecho de las personas de tercera edad para que puedan terminar dignamente sus días”, refirió Ayala.

Por su parte, la senadora Mirta Gusinky (ANR) abogó por que se acepte el veto del Ejecutivo debido a que el proyecto no establece la fuente de financiamiento. Cabe recordar que el Estado paraguayo desde el 2013 otorga un subsidio mensual a los adultos mayores en situación de pobreza. Según los datos del Ministerio de Hacienda, a octubre en total 203.573 personas de diversos sectores reciben pensión del Estado.

El Fisco detalla que estas pensiones demandaron un promedio de inversión mensual superior a G. 118.000 millones en este año. En total 195.458 adultos mayores se encuentran activos en el programa de pensión alimentaria. El documento sobre el veto parcial debe ser analizado ahora por los diputados. Si los legisladores de la Cámara Baja rechazan el veto, el proyecto de ley quedará automáticamente sancionado. Caso contrario, si aceptan la objeción del Ejecutivo, el documento será remitido al archivo.

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