Aprueban registro del beneficiario

Iniciativa forma parte del paquete antilavado

La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de Ley “Que crea el Registro de Beneficiarios Finales de la República del Paraguay”. El documento forma parte del paquete de leyes antilavado presentado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa se remite a la Cámara Baja para su análisis. La ley tiene por objeto crear un registro de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas que operan en la República del Paraguay que estará a cargo de la Abogacía del Tesoro, a fin de incorporar reglas de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las mismas, para asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.

La propuesta señala que las personas jurídicas obligadas a individualizar a sus beneficiarios son las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, universidades, cooperativas, Iglesias y confesiones religiosas, fideicomisos, fondos de inversión u otro vehículos jurídicos, fundaciones, asociaciones que tengan por objeto el bien común, asociaciones inscriptas con capacidad restringida y demás sociedades reguladas en el Código Civil Paraguayo.

La propuesta estipula que las personas jurídicas que incumplan las disposiciones de la ley y sus reglamentos serán pasibles de multas directas que podrán variar entre 50 y 500 jornales mínimos que serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos, la formalización del sistema financiero y económico, así como el fortalecimiento institucional de las instituciones vinculadas a tales actividades.

Durante el debate sobre la iniciativa, el senador Sergio Godoy (ANR) señaló que con el proyecto tiene por objeto dar cabal cumplimiento a las recomendaciones emanadas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y además de cumplir con el organismo internacional se lograrán otros beneficios.

El legislador citó los beneficios de la ley: coadyuvar con la identificación y control efectivo del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas del país, y establecer reglas de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las mismas, confirmar un único registro de la información referente a las personas y estructuras jurídicas, que hoy se encuentran dispersas en varios registros.