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“Paraguay es un país propicio para invertir”

 
 
 

La firma estadounidense Ball Corporation inaugurará oficialmente su fábrica en el mes de marzo. La compañía es líder en el rubro de fabricación de envases y tapas de aluminio de bebidas.

La compañía ya se encuentra funcionando desde el pasado mes de diciembre, sus operaciones en Paraguay arrancaron con la producción de 20 millones de unidades de envases que la compañía proveerá a empresas paraguayas y de la región. La inversión total ronda los US$ 80 millones, y entre empleos directos e indirectos, Ball generará trabajo para más de 350 personas en el país.

Sandro Leite, gerente general del Ball Corporation, señaló que decidieron invertir en Paraguay porque es un país estable, con buenas perspectivas económicas y un clima propicio para las empresas que desean invertir a largo plazo.

Agregó además que la ubicación geográfica del país es estratégica para llegar a otros puntos de la región.

“Desde Guarambaré producimos para Bolivia y el norte de Argentina y esperamos ampliar próximamente el alcance con nuevas inversiones. Hemos logrado que la planta de 23.000 m esté operativa en tan solo 11 meses, un récord que superó todos los pronósticos. Y lo hemos hecho gracias al aporte de muchos paraguayos que nos acompañaron en este proceso. Entre empleos directos e indirectos”, detalló.

El lugar elegido por la multinacional es la ciudad de Guarambaré, donde ya está operativa la fábrica de 23.000 metros cuadrados.

“Estamos cerca de nuestros clientes y al mismo tiempo nos permite generar un aporte en la comunidad local, desarrollando puestos de trabajo y brindando capacitaciones a jóvenes profesionales técnicos, quienes pueden aprender las prácticas de excelencia que Ball implementa a nivel mundial”, sostuvo.

Ball Corporation tiene presencia en más 75 países. En 2018, las ventas netas alcanzaron la cifra de US$11,6 billones; de los cuales, 9,5 billones fueron en envases para bebidas. Esta unidad de producción es la más grande de la compañía, presentando en América del Sur, el portfolio más completo. Solo en 2018, contaban con un promedio de 110.000 millones de latas por año.

 
 

Locales

Postergar la vigencia del beneficiario final afectará evaluación de Gafilat

Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados surgió la propuesta de modificar el plazo para inicio de trámites en la Abogacía del Tesoro para el canje de acciones al portador a nominativas. Esta exigencia se estableció para adaptar el funcionamiento societario en Paraguay a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

 
 
 

La misma busca medir la capacidad de Paraguay para mitigar el riesgo flagelos relacionados al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y eliminación de posibilidades de proliferación de armas de destrucción masiva.

Cabe recordar que este plazo, de hecho, ya feneció en diciembre del 2019 y todas las empresas que no tienen iniciado el proceso deben tener suspendidas sus actividades económicas y burocráticas. No obstante, está suspendido el cobro de multas por retrasos ya que por dificultades generadas por la pandemia hubo compañías que no pudieron iniciar el trámite a tiempo.

Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), hicieron llegar a la citada comisión una nota en la que se advierte que esta modificación podría tener un impacto negativo en la evaluación que está realizando el Gafi a nuestro país.

El supuesto argumento para la extensión de este plazo es el de la huelga llevada a cabo por los funcionarios del Poder Judicial, impidiendo la posibilidad del desarrollo normal de los procesos y también el inicio de la cuarentena.

Sin embargo, Seprelad afirmó que estos motivos no son válidos ya que la huelga fue tenida en cuenta con las soluciones pertinentes, y que la cuarentena comenzó con posterioridad al fenecimiento del plazo establecido, en diciembre del año pasado.

“Hay puntos que afectan a la evaluación mutua y además aproximadamente el 90% de las empresas ya comenzó su proceso de canje. No hay sustento técnico como para no continuar con este proceso porque ya se trabajó mucho para realizar esto, lo que quieren hacer es correr un plazo que venció en diciembre del 2019”, apuntó Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad.

El funcionario refirió que ya tuvieron una respuesta de los legisladores e inclusive se han iniciado una serie de reuniones para explicar las implicancias que podría tener la modificación de este plazo. Además, esta acción supondría una falta de equidad para las empresas que sí realizaron sus trámites a tiempo por las exigencias establecidas en la ley.

El Estado paraguayo tiene la tarea de disolver todas las empresas que no hayan iniciado sus trámites a partir del año que viene. A su vez con el movimiento de este plazo para declarar las acciones, también se permitiría seguir existiendo a empresas que no están acorde con la legislación actual.

 
 

Análisis Macro

La deuda pública creció un 17% en lo que va del año

Al cierre del mes de septiembre, la deuda pública bruta ascendió a US$ 11.015 millones, que representa el 31,1% del producto interno bruto (PIB) del país y se sitúa en el nivel más alto en los últimos trece años.

 
 
 

Con este saldo, los compromisos del Estado sumaron unos US$ 1.639 millones más que lo que se tenía en enero de este año y porcentualmente significa un crecimiento del 17%.

Según la estimación manejada por el Ministerio de Hacienda, este año se cerrará con un nivel de endeudamiento del 33,1% del PIB. Cabe recordar que la principal causa de este fuerte incremento que experimenta el pasivo total del país, es la toma de nueva deuda por US$ 1.990 millones que realizó este año el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada de la pandemia del Covid-19.

Esto hizo que la curva del endeudamiento público se dispare, superando ya el 30% del PIB, que anteriormente era considerado el tope razonable para un país como Paraguay.

Según detalles del reporte a septiembre de la cartera financiera, del monto total, la deuda externa representa US$ 9.436,3 millones (26,6% del PIB), mientras que la interna US$ 1.579,2 millones (4,5% del PIB).

El informe del Fisco también menciona que US$ 9.700,7 millones, es decir, el 88,1% de la deuda corresponde a la Administración Central y US$ 1.314,8 millones, a las entidades descentralizadas.

En lo que respecta a los instrumentos, US$ 6.893 millones fueron adquiridos a través de los bonos soberanos e internos, US$ 3.884 millones por préstamos en entidades financieras internacionales y US$ 237 millones por la Ley Nº 5074/2013 (llave en mano).

HISTORIAL DEUDA PÚBLICA

De acuerdo con el reporte del Fisco, la deuda de Paraguay viene creciendo a un ritmo acelerado desde el año 2013, con el inicio del gobierno de Horacio Cartes y siguió así con la administración de Mario Abdo Benítez.

En el año 2012, los pasivos sumaban tan solo US$ 3.591 millones, luego en el 2013 subió a US$ 4.174 millones, año en que asumió Cartes la titularidad del Ejecutivo. Después en el 2014 esto ascendió a US$ 5.400 millones, y en el 2015 a US$ 5.464 millones.

Ya en el 2016, los compromisos ya ascendían a US$ 6.304 millones y al año siguiente, a US$ 7.166 millones; a US$ 8.040 millones en el 2018 y a US$ 8.859 millones en el año 2019.

DEUDA DEL PLAN DE REACTIVACIÓN

Es importante mencionar que este monto de endeudamiento seguirá creciendo este año, ya que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional cuatro proyectos de leyes en la que solicitó un nuevo endeudamiento por US$ 349 millones para llevar adelante acciones en el marco del plan de reactivación económica.

De este monto total solicitado al Congreso, US$ 172 millones ya cuentan con media sanción por parte de la Cámara de Senadores, mientras que el resto contemplado en otros proyectos será analizado este jueves en la Cámara Alta.

Por esta razón, el Ministerio de Hacienda estima que el endeudamiento total este año cerrará en 33,1% del PIB y con un déficit fiscal que estará en alrededor del 7% del producto.

 
 

Análisis Macro

Benigno López se despidió de Hacienda

Luego de tres semanas de especulaciones, Benigno López finalmente hizo oficial su renuncia al cargo de ministro de Hacienda este martes. Su despedida la realizó ayer a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde hizo un breve recuento de lo que ‘aprendió’ durante su gestión.

 
 
 

“Aprendí la necesidad de repensar nuestra democracia como tal, poniendo al ciudadano en el centro del modelo de desarrollo. El progreso será posible si conciliamos las acciones de emergencia, con reformas sistémicas. Será compleja y requerirá de sacrificios de todos”

López además hizo realce de la participación que tuvo el sector privado en las discusiones sobre políticas públicas, tales como la Comisión del Gasto Público, la Comisión Tributaria, el Fondo para la Excelencia en la Educación, la Comisión para el Plan Nacional de Transformación Educativa, y en la Estrategia Nacional de Innovación.

No obstante, enfatizó en que es necesario avanzar en la transformación del Estado, apuntando a mejorar lo que funciona adecuadamente, “con el objetivo de lograr la resiliencia y recuperación de nuestro país”.

Vale recordar que el ministro renunciante asumió el mando de la cartera fiscal el 15 de agosto del 2018, tras la asunción de su hermano Mario Abdo Benítez como presidente de la República del Paraguay.

Sin embargo, desde un principio no logró la aceptación de todos los sectores y de hecho en reiteradas ocasiones se habló sobre su posible renuncia o destitución.

Pese a esto, llevó adelante la reforma tributaria que empezó a regir a partir de este año, y así también consiguió que en el 2019 el Congreso apruebe que se sobrepase el límite del déficit fiscal.

También este año, junto al equipo técnico de Hacienda, elaboró el proyecto de la Ley de Emergencia Nacional para hacer frente a la pandemia del Covid-19 que fue sancionada tal cual envió el Ejecutivo y logró colocar bonos por US$ 1000 millones en los mercados internacionales para financiar los gastos que implica el coronavirus.

Si bien ya presentó su dimisión, Benigno López sigue a la expectativa de su nombramiento como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proceso que aún está en trámite.

EL FUTURO DE HACIENDA

El nombre de la viceministra de Economía, Carmen Marín, suena como el más fuerte para ocupar el cargo como titular de Hacienda.

Cabe recordar que Marín está a cargo del viceministerio desde mediados de agosto de este año, lugar que ocupó luego de que Humberto Colmán fuera designado como miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

Antes de ser viceministra, la misma venía desempeñándose como Directora de Estudios Económicos de la cartera de Hacienda y fue quien lideró el proceso del programa de subsidio Pytyvõ para trabajadores informales y cuentapropista en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria.

 
 

Análisis Macro

Fuerte rechazo al proyecto que modifica la ley de quiebras

El Proyecto de Ley de Resolución de la Insolvencia, o “De Salvataje” (que actualiza la Ley N° 154/69 “De Quiebras”), fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en marzo de 2019 y forma parte del paquete para el fortalecimiento del clima de negocios en Paraguay. La misma ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores.

 
 
 

El documento tiene por objetivo resolver un estado de insolvencia a quien no pueda pagar su deuda, ya sea una empresa o una persona individual. Sin embargo, varios gremios de empresarios se muestran preocupados por lo establecido en la Ley ya que aseguran que afectará nuevamente de forma importante a la economía paraguaya.

El noveno artículo de la Ley es uno de los más cuestionados, dado que establece un plazo muy corto para que los deudores encuentren alternativas para regularizar sus obligaciones.

El artículo menciona que 90 días luego del segundo incumplimiento de las obligaciones, el deudor deberá solicitar una convocatoria de acreedores, la homologación de un acuerdo extrajudicial o quiebra. De caso contrario, los acreedores podrán considerar que el deudor ya se encuentra en situación de quiebra.

Así también, otro de los puntos criticados es que la Ley estipula que el deudor será el que cubra los honorarios de los agentes síndicos de quiebras y de los auxiliares. Cabe mencionar que hoy día los síndicos son abogados pagados por el Estado, para que los mismos calculen el valor de los bienes dentro de un proceso de quiebra.

De esta manera, con el proyecto, estos van a pasar a ser profesionales independientes y sus honorarios se determinarán sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el Juez, en proporción no inferior al 1% ni superior al 4%, teniendo en cuenta la labor realizada, complejidad del asunto, efectividad del desempeño y calidad de la tarea del Agente Síndico.

PREOCUPADOS POR LAS CRÍTICAS

Silvia Patiño, directora de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia, manifestó que ven con mucha preocupación las críticas al proyecto y que a su criterio se dan más bien por desinformación.

“Este proyecto para nada busca incentivar las quiebras, sino que por el contrario se busca preservar esa empresa, hablamos de herramientas muy novedosas como el acuerdo extrajudicial”, comentó.

Señaló que el plazo de 90 días que se establece en el artículo noveno es una garantía para que el deudor se presente de manera temprana para llegar a un acuerdo con su acreedor.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Édgar Taboada explicó que en caso de que la Cámara de Diputados sancione el proyecto, recién entrará en vigencia 10 meses después de la promulgación.

CONTEXTO DIFERENTE

La diputada Rocío Vallejo dijo que el proyecto fue presentado el año pasado en un contexto totalmente diferente, y que la situación económica actual hace que cambie el efecto que podría tener la Ley.

“Celebro la intención de generar una mayor rapidez en la resolución de este tipo de conflictos, estoy de acuerdo en eso y si en algún momento pasa todo esto y las cosas estuvieran más calmadas hay que revisar esta Ley”, sostuvo.

El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo el 21 de marzo del 2019. Fue firmada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por el ministro de Hacienda Benigno López y por el entonces titular de Justicia, Julio Javier Rios.