Entre las modificaciones más significativas se encuentran la estructuración y alineación de incentivos prioritariamente para las micro y pequeñas empresas, fortalecer y simplificar los trámites para las Mipymes con el uso de la tecnología, a través de la interconexión entre organismos y entidades del Estado que participan en el proceso de formalización y registro para apertura y funcionamiento de una empresa; establecer un Registro Nacional de Mipymes homogéneo y actualizado a través de la categorización automática y diferenciada, según su tamaño y facturación en primera instancia, con miras a beneficios y políticas públicas efectivas.