Avivadas estacionales

 

Condonar: Perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda. Subsidiar: Prestar pública asistencia de carácter económico y de duración limitada. Es bueno recordar lo que la Academia asigna como significado a estas dos palabrejas que han empe­zado a rodar de nuevo por las calles de la ciudad de manos de “campesinos” que una vez más han marchado a la ciudad con un programa de “reivindicaciones” tan añejo como inútil. Al precio de estorbar el tránsito por una media mañana y de producir contenidos llenos de vaguedades para los medios masivos, las organiza­ciones de siempre han cumplido con el rito de la “marcha campesina” que ya se ha convertido en una anomalía más en la vida de la capital, al igual que los baches, el transito caótico y las interminables obras de los entes públicos.

Cada uno de estos episodios culmina con los mismos exabruptos verbales de siem­pre de la dirigencia de choque: “rotundo fracaso de la política agraria del Gobier­no”, “grave crisis de la agricultura familiar campesina”, “no hay política de Estado para el campo sino política electoralista…”, etc. Estos argumentos se vienen repi­tiendo hace 25 años con una lista de reclamos que en cada marcha comienza con la sacrosanta exigen­cia de “condonación de la deuda”, la entrega de subsidios y la fija­ción de precios para los productos agrícolas de consumo. Lo cierto es que cada uno de estos episodios termina en la misma liturgia: el Esta­do ofrece refinanciar y los dirigentes dogmáti­cos exigen licuefacción de las deudas. Con lo cual el partido termina en un empate en malos términos.

En realidad, el Estado no tiene potestad para condonar las deudas de nadie, ni siquiera las propias. Mucho menos las de terceros. Por lo tanto, hasta donde sa­bemos, está haciendo lo que debe hacer aunque excediéndose en alguna medida. Desde abril del año pasado existe un acuerdo para: “resarcir” a las organizacio­nes campesinas en unos G. 10.000 millones (¿perdidos en qué?), reestructurar las deudas de unos 13.000 campesinos con cinco bancos privados por un monto de G. 38.000 millones, “quita” de intereses por otros G. 38.000 millones (¿quién los paga, el tesoro público, todos nosotros?), nuevos créditos por unos G. 7.000 mi­llones (¿a los mismos que están pidiendo condonación?), otros G. 6.400 millones para proyectos de la agricultura familiar campesina… En total, un lindo baile de G. 110.000 millones de dinero público derramado sobre un “target” crediticio varias veces fallido y que a la primera dificultad exige la dilución total de obligaciones.

Bien por los elementos de choque del “campesinismo profesional” que saben en­caramarse en cada encrucijada política para presionar al Gobierno y sacarle pla­ta. Mal por el Gobierno el cual, antes de hacer lo políticamente correcto, prefiere echar mano a generosas cantidades del erario público para intentar anestesiar a la dirigencia pendenciera que se mueve como una enfermedad oportunista cada año electoral. En el medio, los últimos restos del universo productivo de pequeñas fincas agrícolas se van deshilachando y desapareciendo de escena. Y nadie parece notarlo. Lamentable.

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