Diplomacia e hipocresía

 

Junio de 2012. El Congreso paraguayo lleva adelante el juicio político al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, tal como lo establece el artículo 225 de la Constitución en los casos de “mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”. Cumplido el proceso y destituido Lugo, el Mercosur se reúne a fines de junio en Mendoza y, en trámite sumarísimo, suspende al Paraguay como socio fundador poniendo en ejecución la cláusula cuarta del Protocolo de Usuahia “sobre el compromiso democrático” de los estados parte. Según los socios reunidos en Mendoza, en el Paraguay se había roto el orden institucional.

El sillón dejado vacante por nuestro país el 20 de junio no tuvo tiempo siquiera de enfriarse, porque 30 días después se sentaba allí Nicolás Maduro, el entonces canciller venezolano que había intentado acaudillar un alzamiento militar contra el Congreso paraguayo y que más tarde conduciría a Venezuela a una de sus crisis institucionales más severas de su historia con más de 120 muertos, decenas de presos políticos y la cancelación de los poderes de legislación nada menos que de la Asamblea Nacional -elegida por 14.385.349 venezolanos en diciembre de 2015-, transferidos por orden de Maduro al Tribunal Superior de Justicia, la “corte a la medida” del hoy dictador venezolano. Maduro gobierna por decreto ley y ha montado una constituyente que garantiza la “construcción” de una carta magna con representación corporativa y unicolor. Pero esto, el Mercosur parece no haberlo percibido.

Hasta mediados de julio, con muertos tiñendo de sangre las calles de Caracas, con una Asamblea sitiada y profanada por bandas armadas y con un “señor de la guerra” desplegando su guardia nacional armada hasta los dientes, los comunicados del Mercosur estaban llenos de frases tan huecas como altisonantes, abundantes en condenas, exhortaciones y zarandajas por el estilo, que para lo único que sirvieron es para exacerbar la verborragia del inquilino del Palacio de Miraflores.

Esta es la “rama política” del Mercosur, que mide con varas diferentes a sus integrantes. Paraguay, socio fundador y sede del tratado que lleva el nombre de Asunción, ha sido sometido a toda clase de humillaciones, en gran parte por la soberbia y la hipocresía de la trifecta que perpetró la sanción al Paraguay e integrada por Dilma Rousseff, destituida en juicio político por el Congreso brasileño; Cristina Fernández, acusada de corrupción en seis procesos judiciales cualquiera de los cuales podría mandarla a la cárcel y José Mujica, el que dijo que en el caso del Paraguay “lo político primó sobre lo jurídico”. Sin embargo, para actuar en el caso de Venezuela tuvieron pies de plomo.

¿Será porque en el tesoro venezolano duermen US$ 4.300 millones en bonos argentinos comprados en el mercado de deuda? ¿O que, al revés, Uruguay reclama el pago de una cuenta de US$ 100 millones por alimentos mientras Brasil calcula cómo salvar US$ 20.000 millones en negocios con Caracas? Diplomacia hipócrita y llena de falsedades es la que impregna al Mercosur, cuyo espíritu fundador está muerto y nadie le ha avisado.

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