Han degradado tanto a la Justicia al punto que cuando mantuvieron el poder la hi­cieron sirvienta de sus peo­res propósitos que cuando perdieron el mismo, culpan a la misma de todos sus ca­sos de corrupción que me­recen ser sancionados. Pasa en Ecuador, Brasil o Argen­tina, donde sus exmandata­rios esperan sentencias de magistrados sobre los que esparcen dudas de su im­parcialidad y a la que en su conjunto llaman: judiciali­zación de la política, cuando en realidad no pasa de ser una sanción a los delitos co­metidos cuando hicieron de la administración del poder un espacio de hechos pu­nibles que requieren penas severas. No hay judiciali­zación de la misma, lo que existe es temor a pasar por las cárceles previa humilla­ción pública. Los expodero­sos temen a las institucio­nes que fueron sometidas a sus caprichos, porque las juzgan como ellos la tuvie­ron durante su mandato. Los políticos deben com­prender que vivimos nuevos tiempos en donde la trans­parencia es el eje dominante de las acciones sociales. Los mismos jueces saben que sus actos son escrutados por sociedades con mayor capacidad de información y de distribución de las mis­mas. Los tiempos actuales hacen mas difíciles a los co­rruptos usar frases clichés como lo de “judicialización de la política” para escapar a los rigores de la Justicia y esto vale tanto para los de derecha como los de iz­quierda. Lula sabrá el 24 de enero si va a la cárcel y de nada le valdrá el argumento de que sea el candidato más popular para los comicios de octubre. Si obró mal no le queda otra opción que pagar sus consecuencias. Tampo­co le sirve mucho a la se­nadora Cristina Fernández su investidura si sobre ella pesan argumentos que la consideran responsable de hechos delictuosos. No hay judicialización de la política, lo que existe son hechos de corrupción sometidos a los castigos establecidos en la norma. Jueces y fiscales de­ben presentar los hechos de forma inequívoca para que nadie saque conclusiones de que están persiguiendo a los que tuvieron poder o a los que lo detentan en la actua­lidad como los presidentes de Perú, Argentina, Colom­bia o Panamá. Un escándalo de proporciones se desarro­lla ahora en Paraguay, don­de se cuentan los enjuagues entre políticos y miembros de la Justicia y que acabó con dos prominentes se­nadores que han sido des­pojados de su condición de tales por acusaciones de sus propios colegas. El hecho apuró el fin del Gobierno de Cartes, cuyo candidato fue derrotado en los comi­cios de diciembre pasado. La discusión acerca de si los medios de comunicación deben difundir o no con­versaciones telefónicas sin orden judicial quedaron a un lado porque justamente lo que se pone en evidencia es la abierta colusión entre el poder político y el judicial para mantener los nive­les de corrupción tan altos. Vivimos tiempos nuevos y los políticos viejos deben abandonar las explicacio­nes torpes de creer que la sociedad todavía se traga los cuentos acerca de los cucos de conspiración y acoso. Los hechos delictivos no tienen otro nombre que eso: de­litos y los que han perdido poder deben someterse a sus consecuencias legales. Bien les hubiera ido si cuan­do fueron administradores de la cosa pública no hu­bieran usado la Justicia para perseguir a sus opositores o condenarlos por hechos in­ventados. Hoy se hubieran sentido más seguros y no hablarían de “judicializa­ción de la política” como lo hacen buscando tontamen­te nuestro apoyo y bene­plácito. Que la Justicia haga su tarea y no les tiemble la mano a los magistrados porque la sociedad quiere signos de reivindicación y confianza