Bajo este membrete del más puro esti­lo burocrático quedó congelado en el Congreso, en diciembre pasado, un intento de profundizar la regulación del origen y uso de fondos para finan­ciamiento de campañas electorales en las internas partidarias. Los polí­ticos paraguayos pueden ser muchas cosas, pero algo que no tienen es un pelo de zonzos. Sabían lo que se ha­cían cuando sancionaron la ley 4.743, vigente desde 2012 y que supuesta­mente “regula el financiamiento po­lítico”. La llenaron de prohibiciones y de regulaciones pero se cuidaron de incluir una simple frase que dice: “No será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones internas”. Y a continuación instalaron un boni­to embrollo interpretativo en donde dice que sí se “controlarán los gastos en que incurrieron y los ingresos que percibieron los candidatos y movi­mientos internos en sus campañas electorales para cargos electivos na­cionales”. Hecho el campo oréga­no, que le dicen. Pero de pronto, un puñado de legisladores consideró oportuno corregir ese “error” y pre­sentó un proyecto de enmienda de la ley que ingresó al Congreso en julio de 2016. El documento de inmediato fue tiroteado, legislativamente ha­blando, con una serie de giros a co­misiones, dictámenes diversos, tra­tamiento en general, tratamiento en particular, objeciones, re-enmiendas y devoluciones diversas que hicieron encallar finalmente el proyecto el 5 de diciembre del año pasado… doce días antes de las elecciones internas partidarias. “Aprobado con modi­ficaciones. Vuelve a consideración de la H. Cámara de Diputados”. ¿Se comprende, verdad? ¿Digan ustedes si no son creativos nuestros honora­bles legisladores?