PGN por finalidades: servicios de la deuda pública crecen 15,2%

Por Martha Coronel
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El Presupuesto General de la Nación – PGN es sin dudas una de las cuestiones que más desacuerdos generan entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cualquier nación. En particular en la nuestra la misma suele ser tapa de periódicos por varios días debido a los aumentos que se hacen a la versión inicial presentada por el Ministerio de Hacienda. El pasado año esa discusión fue menor, y el Ejecutivo promulgó ayer la Ley 6258/18 que aprueba un PGN 2019 por un monto menor al inicialmente presentado.

El PGN es uno de los principales instrumentos de la política fiscal y mediante el mismo el Estado programa el origen y el destino de los recursos que deberían permitirle administrarse, construir las infraestructuras necesarias y prestar los servicios requeridos por la ciudadanía. Por ello, se celebra que las autoridades hayan llegado a un acuerdo y que el mismo esté dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal – LRF que establecen que el déficit no puede ser superior al 1,5% del Producto Interno Bruto – PIB.

Sin embargo, es de considerar que el PGN 2019, que asciende a Gs.80,07 billones y equivale a USD.13,43 mil millones, presenta un aumento de 8,8% respecto al aprobado en el 2018, lo que requerirá de una mejor calidad del gasto y de una mayor capacidad de ejecución.

Los gastos por finalidad

En ese sentido, analizando los gastos por finalidad y por funciones, se observa que el 58,3% del total presupuestado corresponde a gastos corrientes, que incluyen principalmente a los que sirven para el funcionamiento de la estructura estatal, el 38,7% corresponde a gastos de capital y el 3% a gastos de financiamiento. Esto implica una carga importante de lo corriente, que, sumada a los compromisos, deja escaso margen para la inversión necesaria para apuntalar el desarrollo y acortar brechas con países avanzados.

Los Servicios Sociales, con Gs.36,9 billones, y los Servicios Económicos, con Gs.27,8 billones, son los mayores rubros por finalidad, ambos suman el 81% del PGN.

El presupuesto de los primeros ha crecido 7% en relación al 2018, un crecimiento menor al registrado en el presupuesto anterior. La seguridad social, la salud, la educación, y la promoción y acción social, son las partidas que más recursos tienen asignados dentro de los servicios sociales, pero en un país donde 1 de cada 4 paraguayos vive en situación de pobreza y donde 6 de cada 10 niños que iniciaron el primer grado de la escolar básica no concluyen la educación media, que el 79% del monto asignado a esta finalidad represente gastos corrientes es motivo de preocupación: se necesita invertir en más infraestructura educativa y de salud, y sobre todo invertir en mejorar las capacidades de las personas que trabajan en esas áreas.

En la partida 400 Servicios Económicos la situación es contraria, el 81% de los recursos asignados, esto es poco más de Gs.22,4 billones, será destinado a gastos de capital, previéndose en este concepto Gs.4,1 billones para servicios económicos y obras públicas. En el rubro 400 se destacan las partidas: energía y combustibles, seguros y finanzas, servicios económicos y de obras públicas, y, agricultura, ganadería, caza y pesca. Destinar recursos para infraestructura pública es fundamental, pero también es necesario ejecutarlos con eficiencia para lograr el efecto deseado en la economía y en la vida de las personas.

La administración gubernamental y los servicios de seguridad, tienen cada uno poco más del 6% del PGN. Los recursos asignados a los segundos crecieron 5,3%, destacándose entre ellos los destinados a la seguridad interior que suman Gs.2,7 billones, monto relativamente bajo para los desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad.

Los servicios de Deuda Pública, que incluyen los gastos corrientes vinculados al pago de la misma y los gastos de financiamiento, representan otro 6% del Presupuesto General. Sin embargo, es de destacar que se han incrementado en 15,2% respecto a lo presupuestado en el 2018, siendo así la partida con mayor crecimiento. Esto, sumado a los gastos de inversión que deberán ser cubiertos con las nuevas emisiones que se prevén para este año nos llevaría por octavo año consecutivo a un déficit fiscal. Si bien permanecemos dentro de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, cabe cuestionarnos hasta cuando el déficit será sostenible dada estructura de ingresos del estado y la capacidad productiva del país, que de no ser potenciada generará escasos recursos para financiar las actividades estatales y posibilitar la redistribución.

Por último, se encuentran los Servicios de Regulación y Control, que solo tienen asignado el 0,5% del PGN, a pesar de tener entre sus partidas a cuestiones tan importantes como la regulación y control de los servicios de telecomunicaciones, de transporte y de agua potable y alcantarillado. En estos aspectos el país tiene importantes déficits que se notan por ejemplo en el hecho de que según la EPH 2017 un 19% de los hogares no accede a sistemas de agua potable y aún se abastece de agua de pozos y manantiales, mientras que un 90% no tiene acceso al alcantarillado sanitario.

El Presupuesto General de la Nación ha crecido y el análisis por finalidad de los recursos deja importantes huecos que considerar y desafíos que superar, entre ellos, el lograr un equilibrio entre los gastos corrientes y los de capital que permita invertir tanto en capital físico como en el humano de modo a que su acumulación nos permita alcanzar el desarrollo económico y social como nación y el desarrollo integral como personas.

 

 

 

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