Bicameral sin respuesta de la Fiscalía

Conflicto de intereses en caso Messer

David Chamorro
@_davidchamorro

En principio, para abril la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Dario Messer y asociados, presentaría el informe final del proceso, que en marzo se verá reforzado con información contrastante desde el Brasil con la Operación Lava Jato.

INSTITUCIONALIDAD
Al respecto, el senador Jorge Querey, miembro relator de la Comisión, explicó: “No tenemos información de lo que la Fiscalía y la Justicia están haciendo en torno al caso Messer. Hemos corrido translado a la adulteración presunta de un documento oficial de la Seprelad y no tenemos retorno; no hay personas imputadas a la fecha. Se abrió la carpeta fiscal pero desconocemos el actuar del Ministerio Público”, señaló.
Comentó que la relevancia del caso es trascendental porque, más allá de Messer, se está jugando la institucionalidad y la confiabilidad de las Secretarías de la República.

“Pero, también se da una hipocresía colectiva porque en este país demasiadas fortunas están construidas sobre la base de la irregularidad y los orígenes de estos patrimonios no se pueden explicar”, sentenció.

El senador mencionó que en estos meses recopilaron entrevistas y documentos, percatándose de vacíos de información. A tal efecto, accedieron a documentos de la Fiscalía brasileña y “se hace mención explícita a Dario Messer y sus operaciones en Paraguay”.

Refirió que continúa pendiente la entrevista con la jueza que encabeza la investigación de Lava Jato en Brasil, para complementar datos y contar con los informes oficiales.

JUEGO DE INTERESES
“Creo que hay demasiados intereses en juego”, refirió el senador al explicar los giros del Lava Jato a los mercados de Luxemburgo e islas Vírgenes (entre otros) y, de ahí a Estados Unidos vía bancaria. “Hoy tenemos la gran presión de Norteamérica con respecto al lavado de dinero, entonces, ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa del otro lado?”, apuntó.

DELITOS
Desde la Comisión consideran que el informe es bastante amplio y que indudablemente quedarán líneas de investigación que la Fiscalía deberá llevar adelante pero, “hay suficientes argumentos, con bases penales, que configuran delitos que pudieran haber incurrido los gerentes públicos de las diferentes instituciones que participaron en todo el circuito, desde la apertura de cuentas, hasta la compra de bonos soberanos”, finalizó.

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