Blindando recursos de la voracidad política

VICTOR RAÚL BENÍTEZ

PRESIDENTE DEL CLUB DE IDEAS

Tengo una idea. La brecha de necesidades de infraestructura pública es enorme. La credibilidad de quienes deben disminuirla es mínima. ¿Cómo devolver al Estado su naturaleza pública y mejorar la calidad gerencial del gobierno? ¿Cómo blindar recursos de la voracidad de la política, ejecutando obras públicas con mayor eficiencia, para compensar las necesidades de vivienda, agua y saneamiento, rutas, calles, avenidas, plazas, parques, escuelas y hospitales? La conmemoración de los 30 años de democracia, exige considerar, que se acabaron los festejos por la libertad de expresión y de participación ciudadana.

Ahora llegó el momento de la gestión con resultados. La cantidad de pobreza y de mala calidad de vida que puede soportar una democracia, tiene límites.

LA TORMENTA PERFECTA

  • La alta evasión impositiva y la baja presión tributaria, es una señal del debilitamiento del contrato social.
  • La mala calidad del gasto conspira contra la legitimidad de las recaudaciones.
  • Nadie quiere pagar impuestos para financiar, sólo gastos corrientes, o inversiones físicas sobrefacturadas.
  • La brecha de necesidades de infraestructura física y social, se agranda permanentemente.
  • La reputación de la clase política, que debe ejecutar las obras públicas, está por el suelo.
  • La ineficiencia del aparato burocrático, que debe recaudar y ejecutar las obras, es brutal.

EL CHOQUE DE GESTIÓN:

La política no cambia per se. La clase política no quiere cortarse la propia carne. Para rescatar la reputación de los gobiernos, mejorar la eficiencia en la ejecución de las obras públicas, protegiendo recursos y gerenciamiento – de los vaivenes de la política, un choque de gestión que utiliza una batería de innovaciones (algunas inspiradas en el sector privado), puede servir:

  1. Fideicomisos: consiste en la posibilidad autorizada por ley, para que instituciones públicas puedan conformar patrimonios autónomos, fideicomisos financieros y de gestión (incluso hay pareceres del BCP), de modo que, conforme a la Ley 921/96 “De negocios fiduciarios” – una vez autorizados por legislativos multinivel (nacional o local) – se pueda construir obras públicas, con una lista infinita y versátil de mandatos, que debe cumplir el patrimonio autónomo y que pueden ser  autorizados una  sola vez. Siendo así, los ¨costos de transacción¨, serán menores, para los ejecutivos (nación, departamento, municipio) que se animen a innovar.

Estos fideicomisos, gestionados por entidades fiduciarias autorizadas por el BCP y controladas por la Superintendencia de Bancos,  pueden administrar recursos, licitar y adjudicar obras públicas, sin la pesada intervención de las burocracias internas, no siempre transparentes. Las contrataciones de los fideicomisos, ya no deben pasar por las UOCs (unidades operativas de compras) que, por lo general,  son lerdas e ineficientes.  Siendo así, los incentivos de la mal llamada ¨gobernabilidad política¨, tenderán a disminuir,  y la calidad de las obras – a mejorar.

  1. Canje de Tierras por obras: un esquema raro, todavía sin uso; una ordenanza municipal de Asunción, la 136/2000, permite hacer licitaciones autorizadas por el legislativo local, para que actores del sector privado, compitan para ser adjudicados, con terrenos en la franja costera, que deben ser urbanizados. Este modelo, puede ser utilizado por otras instituciones públicas, que asuman el desafío de generar un control estricto de lo que reciben, en compensación a lo que dan. Primero deben hacer su propia legislación. Los pagos por dichos terrenos,  pueden ser proyectos y ejecución de obras de infraestructura, como ser: pavimentación de calles y avenidas, construcción de desagües pluviales o construcción de casas sociales, entre otros. Es como vender terrenos municipales de dominio privado, pero los recursos resultantes de la venta, no ingresan en forma líquida a las arcas municipales, lo que evita que se conviertan en gastos corrientes. Es genial. Sólo pueden convertirse en obras físicas municipales, de utilidad pública.
  2. Canje de impuestos por obra: está todo dicho, es otra modalidad novedosa, muy utilizada en el Perú, de manera exitosa. Los gobiernos no ejecutan las obras públicas, las hace el sector privado, dentro de determinadas reglas.

Lo invertido se descuenta de los impuestos que deben ser pagados al Estado. La nueva administración Añeteté, en el MOPC, ha promovido este esquema como promesa de gobierno. Hay juristas que dicen que impuestos no pueden pagarse con canjes, deben ser pagados en cash, obligatoriamente. A discutir.

  1. Sociedades de propósito específico: como es la empresa Puerto Madero S.A., desarrolladora inmobiliaria argentina, donde los terrenos y los edificios aportó el sector público, y gran parte de los fondos, el sector privado. Esta empresa, remodeló una colección de edificios y depósitos antiguos en la vieja zona portuaria ya en desuso, y urbanizó el barrio adyacente, en la ciudad de Bs. As.
  2. Joint Ventures – Ley de inversiones 117/91: en su artículo 25, de contratos de riesgos compartido, Joint Ventures, se permite la posibilidad de realizar contratos de riesgo compartido, entre el sector privado e instituciones públicas, para obras y servicios de diversa índole, por lo general, con generación de ingresos. Ej. Terminales de buses, puertos, carreteras con peajes, entre otras.

Según Amílcar Ferreira, somos un país ¨low cost¨, barato, pero sin infraestructura,  que no te  provee de servicio alguno, ni en cantidad ni en calidad. Si no se ejecutan las obras públicas urgentemente, la desilusión de la gente –  de la democracia, pasará a la decepción de la ciudadanía – con la democracia. Ahí, estaremos en el punto del NO retorno. El que tenga oídos que oiga. Y así, no da gusto.

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