Definen destinos de bienes incautados

Con miras a la evaluación que realizará GAFI a nuestro país

En la sesión ordi­naria de la Cáma­ra Alta, obtuvo media sanción el proyecto que modifica el artículo 46 de la Ley de Administración de Bie­nes Incautados y Comisa­dos, que aclara el destino de estos bienes.

Este es uno de los pro­yectos del paquete an­tilavado, con miras a que nuestro país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa responde a una de las recomen­daciones que realizó esta organización, para que Paraguay no sea incluido en la “lista gris”.

La propuesta que mo­difica este artículo es­pecífico del destino de los bienes, los productos financieros, el dinero en efectivo y el producto de la subasta de bienes declarados en comiso, in­gresarán en su totalidad a la Tesorería General ad­ministrada por el Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el Poder Eje­cutivo será el encargado de establecer la distri­bución de la totalidad de los recursos ingresados a la Tesorería General, para cubrir los gastos de operación, mantenimien­to y preservación de los bienes incautados y en comiso, para fortaleci­miento institucional.

El Ministerio Público, Ministerio de Salud Pú­blica y Bienestar Social, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Secretaría Na­cional de Administración de Bienes incautados y Comisados y la Policía Nacional percibirán indi­vidualmente a un porcen­taje no menor al 5% de la distribución que esta­blezca el Poder Ejecutivo, para cubrir los gastos de operación, mantenimien­to y preservación de los incautados y en comiso, y para el fortalecimiento institucional.

Además, el otro 50% será destinado para financiar proyectos de rehabilita­ción de adictos y rein­serción social, así como también proyectos de prevención de lavado de activos, crimen organi­zado, el financiamiento del terrorismo, financia­miento de la proliferación de armas de destrucción masiva y narcotráfico.

El Ejecutivo establecerá la evaluación y selección de los proyectos de pre­vención de hechos puni­bles.

El senador (ANR) Ser­gio Godoy dijo que se tuvo consideración a las recomendaciones que se tuvo desde GAFI para adaptar al contex­to nacional y estable­cer con rigor el destino de estos bienes.

Por su parte, también el senador (PLRA) Blas Llano dijo que una de las modificaciones a la pro­puesta inicial fue la de excluir al Poder Judicial dentro de los beneficia­rios, considerando que es el que mejor tiene su presupuesto en compa­ración a las demás insti­tuciones y para la impar­cialidad.

“No creemos que el ór­gano que está juzgando sea beneficiario por los resultados de esa misma causa”.

Stephan Rasmussen (PQ) también coincidió en que la institución judicial sea excluida, ya que tienen tiene una actividad en el juzgamiento.

“Si juzga no va a poder ser juez y parte de ese proce­so”.

Esta aprobación por am­plia mayoría por parte de los legisladores, pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.

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