La materia pendiente de la inversión pública

Según Cadep, solo 11% de red vial está pavimentada

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El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) recientemente compartió su informe de análisis coyuntural correspondiente a setiembre/ octubre del 2019, donde hace hincapié en los grandes desafíos de la inversión pública para desarrollar el país.

El economista Julio Ra­mírez explica que si bien el Estado realizó mayo­res inversiones físicas en los últimos 30 años, destinando significativos recursos, este crecimien­to no fue suficiente para cerrar o lidiar con la bre­cha de infraestructura en el Paraguay. El desafío se centra en la gobernanza, calidad y costos.

RED VIAL
Ramírez señala que al ini­ciar la era democrática en el país solo existían 1.624 km de rutas pavimentadas que correspondían a un único plan vial (1960-1989), deno­minado el Plan Triángulo. Proyecto que más adelante anexó otras extensiones en la Región Occidental.

Actualmente, existen unos 8.400 km de rutas asfaltadas logradas gracias a una fuerte inyección. “De hecho, la inversión en el período 2014- 2018 fue 70% mayor que la realizada en 2009-2013 y 198% superior que la efectua­da en el cuatrienio de 2004- 2008”, expone el profesional.

Sin embargo, a pesar de ese gran esfuerzo, Para­guay tiene hoy pavimen­tado solamente el 11% de su red vial, frente a valores más elevados en la región, como el caso de Argentina que llega a un 32% de cobertura asfálti­ca, señala Ramírez.

“Según un cálculo del Banco Interamericano de Desa­rrollo (BID), el país necesita invertir cerca del 70% del PIB de 2017, o sea cerca de US$ 27 mil millones, para cerrar la brecha de infraestructura. Esto implica gastar anual­mente US$ 2.758 millones hasta el 2030, en vez de los US$ 625 millones que se gas­taron anualmente en los an­teriores diez años”, sentencia.

El verdadero reto, manifiesta Ramírez, estaría orientado a lograr dichos volúmenes de inversión, pero la debilidad institucional reduce la eficiencia en todos los ciclos de la inversión pública.

Manifiesta, asimismo, que existe un gran problema de priorización de inversiones y que, los planes sectoriales no tienen conexión alguna con los planes nacionales de largo plazo. Los programas públicos tienen actualmente el mandato de acoplarse al Plan Nacional de Desarrollo 2030 pero, “esta articulación es meramente nominal, no existiendo una planificación efectiva que sirva para cono­cer los resultados de impacto de los programas y cómo estos contribuyen al logro de objetivos de dicho plan”.

Afirma, por último, que amén de las problemáticas mencionadas existe una gran debilidad a nivel con­trol y transparencia, donde además de irregularidades detectadas, los propios entes ejecutores carecen de capa­cidad para fiscalizar obras, lo que da lugar a presiones del sector privado.


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